Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De acuerdo con estimativos provenientes de varias entidades y centros de investigación, la deuda pública del municipio de Cali asciende a más de 2.2 billones de pesos.
Los efectos que conlleva el endeudamiento constituyen una forma de subordinación de los ingresos del distrito al capital financiero, en la medida en que el pago de intereses de la deuda absorbe buena parte de los recursos disponibles para la inversión y el funcionamiento de la administración en todas sus dependencias, agravándose aún más la situación si no se cubre su valor en el plazo convenido por las partes.
En entrevista para el periódico El País, el director de Hacienda del municipio Santiago Hung manifiesta que a diciembre la deuda del municipio será de 1.2 billones de pesos aproximadamente pero que si se toma a partir del 2022 hasta el 2030, la deuda entre capital e intereses será de 18 billones de pesos.
Para el director de Hacienda “el endeudamiento es bueno” para mantener la inversión y el gasto público, “aunque en el tema de los intereses hay un factor detonante que no depende del municipio sino de las variables macroeconómicas”; como sucede en esta ocasión con el alza de las tasas de interés decretadas por el banco de la república para contener la inflación; circunstancia esta que conduce necesariamente a la renegociación de la deuda con nuevos plazos a menores tasas de interés pero incrementándose sustancialmente el valor de la deuda pública.
Igualmente sucede cuando las obras no se terminan en el plazo exigido y en consecuencia se tiene que llegar a nuevos acuerdos con los contratistas y con los bancos para que permitan los desembolsos respectivos en la medida en que se vayan ejecutando las obras.
Finalmente, el director de Hacienda asegura que no dejará “raspada la olla porque vamos a dejar una gran inversión en Cali”. Así mismo, afirma que en el presupuesto actual “no están las partidas para la creación de Cali Distrito Especial”.
Lo cierto es que la ciudad quedará hipotecada a los bancos para financiar un conjunto de obras urbanísticas que no son prioritarias para la ciudad pero sí a favor de un determinado sector o grupo de interés que en connivencia con las autoridades distritales apoyan tales desarrollos característicos del denominado Estado contratista, a través del cual se despilfarran los recursos presupuestales del municipio de Cali, cuyo control y fiscalización con muy poco contribuye a que los dineros públicos se inviertan en obras de interés general como es el deber de los funcionarios según se contempla en la Constitución y en la ley, circunstancia ésta que se pasa por alto para satisfacer intereses particulares camuflados de interés social.
ADENDA: A pesar del acalorado debate en el Concejo Municipal en torno a que el alcalde Ospina y el gerente de EMCALI se empecinan en que una filial de dicha empresa se encargue del manejo del alumbrado público en la ciudad, anteriormente en manos de MEGAPROYECTOS durante casi 20 años, lo cierto es que la filial carece de la infraestructura técnica y operativa indispensable para cumplir con dicho objetivo ya que tendrá que contratar con terceros las luminarias y demás elementos técnicos, haciéndola dependiente de dichos sectores cuyos costos de mantenimiento se trasladarán a los usuarios a quienes no se les ha consultado sobre este aspecto no obstante que son ellos los que lo cubren a través de la factura de servicios públicos, específicamente en energía.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social