María del Rosario Guerra
Senadora de la República
La llegada del coronavirus nos obligó como país a evaluar qué tan preparados estamos para afrontar una emergencia sanitaria de alto impacto. No ha sido fácil responder a una situación que, además de tener en riesgo latente la salud de los colombianos, también pone a tambalear nuestra economía.
No podemos ignorar que la inesperada llegada del COVID-19 desató la incertidumbre global al no saber cómo seguirá evolucionando y qué nuevas medidas serán implementadas para intentar contener el daño no sólo en la salud, sino en la economía que ha dejado a su paso: 213 mil contagiados y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo, según la Organización Mundial para la Salud (OMS).
De unos pocos contagios, el mundo pasó en solo cuestión de días a registrar una emergencia sanitaria jamás imaginada, decretada como pandemia por la rapidez con la que se propagó a nivel mundial, lo que sin duda desató el miedo en los ciudadanos y en las economías.
Colombia no ha sido ajena a esta emergencia sanitaria. El virus finalmente aterrizó en nuestro territorio, dejando a la fecha 196 casos confirmados de personas contagiadas, de los cuales 82 están situados en Bogotá. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), del total de los registros, 99 corresponde a hombres, y 94 a mujeres; siendo la población entre los 20 y 29 años, y los 50 y 59 años de edad, los más afectados.
La mayor preocupación para la economía colombiana es el impacto sobre el sector productivo, los trabajadores formales que pierdan su empleo, y sobre los trabajadores informales que representan el 47% de la fuerza laboral. Muchos de ellos dependen del “rebusque” diario, actividad que desaparece con las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio y la propagación del virus en el país.
A esto se suma el déficit presupuestal que tiene el sector salud, el de camas hospitalarias y de buena infraestructura y dotación de centros de salud, y además, el impacto negativo en los ingresos del gobierno que ha significado la abrupta caída en los precios del petróleo.
En respuesta a la emergencia sanitaria que se ha convertido en emergencia socioeconómica, el presidente Iván Duque decretó el Estado de Emergencia y anunció un paquete de medidas económicas que buscan aliviar el impacto sobre los ingresos, el empleo de los ciudadanos y la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas.
Quiero destacar algunas de ellas como: las modificaciones en el calendario tributario, plazos especiales para el pago de la declaración de renta del año 2019, para el pago de la declaración de IVA del primer semestre de 2020 en el sector turismo y aviación, y también plazos para la declaración y el pago de la de la contribución parafiscal en el sector turismo.
Adicionalmente, se redujeron a cero los aranceles para la importación de equipos de salud, se aprobó la consecución de recursos adicionales para atender la crisis desatada por el virus que según la estimación del Ministerio de Hacienda podrían ser cercanos a los $14,8 billones, destinados principalmente a fortalecer la red hospitalaria, adquirir equipos médicos para redoblar la capacidad de testeo, comprar insumos para atender la emergencia sanitaria y mantener el funcionamiento de todo el sistema económico. Además, se tomó la decisión de acelerar la ejecución de la Ley de Punto Final, con la que se inyecta liquidez al sistema y se saldan las millonarias deudas.
Lo social también tiene su parte. El presidente Duque anunció la entrega de un giro adicional para los 2.6 millones de hogares que hacen parte del programa ‘Familias en Acción’, así como para los 204 mil jóvenes de bajos recursos que son beneficiarios del programa ‘Jóvenes en Acción’. Nuestros abuelos, los adultos mayores de 70 años, recibirán dos giros de dinero adicional durante la emergencia sanitaria, para asegurar que no tengan limitaciones en materia de alimentación, medicamentos y necesidades básicas.
Otra de las medidas adoptadas es la reconexión del servicio de agua de forma gratuita, con lo que se espera beneficiar a un millón de personas que no tenían este servicio por falta de pago. Además, se aplicará el congelamiento de la tarifa del agua durante la emergencia. No puedo dejar de lado la decisión de acelerar la devolución del IVA para la población más vulnerable, así como la ayuda a pago de créditos a empresas y personas para lograr un alivio financiero.
Plan de choque
Todas estas medidas ayudarán a paliar estos momentos difíciles para los hogares, las empresas y la economía. Pero debe haber un plan de choque para que lleguen alimentos a los más pobres, a los mayores que viven solos y están aislados en casa por prevención.
Los entes territoriales que tienen recursos de regalías sin ejecutar, deben en coordinación con el Gobierno Nacional, destinarlo prioritariamente al sector salud, a programas alimentarios, a monitorear a los viejitos y proveer agua potable.
El momento exige medidas responsables si, pero que contrarresten los efectos negativos que ponen en riesgo el empleo, la sostenibilidad financiera de las empresas y el ingreso de los hogares. Así mismo, es momento para que seamos solidarios y prudentes en nuestro actuar. Apoyemos a algunas familias vulnerables con mercados y evitemos el acaparamiento de productos.
No es una exageración. Es el momento de actuar y de apelar a la solidaridad que nos caracteriza como colombianos para proteger la mayor cantidad de vidas humanas. Es cierto que ante los imprevistos puede surgir frustración o temor, pero también podemos adaptarnos en pro del bienestar de todos como sociedad, en especial de los más vulnerables.