Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El país vive en este momento una situación de crisis de la política y de la justicia que se expresa de alguna manera con lo sucedido en torno a la decisión que ha tomado la JEP de ordenar la libertad y conceder la garantía de no extradición al ex guerrillero Jesús Santrich sindicado del delito de narcotráfico, privado de su libertad con fines de extradición desde hace mas de un año y actualmente recluido en la cárcel La Picota.
Dicha decisión ha suscitado al interior del gobierno y de algunos sectores políticos y sociales en general, diferentes reacciones motivadas en buena parte por el ambiente de polarización ideológica y política existentes en el seno de la sociedad colombiana, que sin lugar a dudas afecta negativamente la construcción del proceso de paz que hoy afronta una serie de dificultades, amen de la profundización de la violencia en diferentes regiones del país.
En este sentido las declaraciones del presidente Duque relacionadas con el fallo de la Sala de Revisión de la JEP, poco o nada contribuyen a apaciguar los ánimos exacerbados de los militantes de su partido, después de afirmar y sin que se produjera un fallo definitivo, que “está listo a firmar la extradición del acusado” en el evento de que prospere la apelación interpuesta por el Procurador General de la Nación contra la providencia que ordenó la no extradición a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al respecto la JEP argumenta en su providencia que no le fue posible por falta de pruebas evaluar la conducta de narcotraficante atribuida al ex guerrillero ni determinar la fecha en que hubiera podido incurrir en dicha conducta, no obstante haber solicitado al gobierno Trump y a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, su cooperación y colaboración con dicha investigación. Circunstancia esta que llevó a la postre al señor fiscal a renunciar de manera irrevocable a su cargo, manifestando a través de una desafortunada intervención ante los medios de comunicación, que con dicha decisión “en el futuro los delitos permanentes de narcotráfico no podrían ser investigados por la Justicia ordinaria”, manifestación que carece de toda veracidad a la luz de las normas existentes en la ley y en el artículo 19 del acto legislativo No. 1 de 2017 transitorio sobre la Jurisdicción especial de la paz.
Así mismo el otrora fiscal general consideró que con la decisión de la Sala de Revisión de la JEP se hizo “trizas la cooperación jurídica internacional”. La cual desde luego deberá mantenerse en la lucha contra los delitos de carácter internacional, en particular del narcotráfico que hoy afecta gravemente la vida de los colombianos.
Finalmente el doctor Néstor Humberto Martínez en su declaración invita al país a “movilizarse con determinación” para lograr conseguir “el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza”; expresiones estas que de manera contundente reflejan el estado de postración en que se encuentra la justicia colombiana en general, sumergida en una profunda crisis jurídica e institucional, que en muchos casos no aplica ni observa el principio de legalidad, cuya esencia es la observancia, cumplimiento y aplicación rigurosa y constante de las leyes para todos los órganos y funcionarios del Estado, organizaciones políticas y sociales y ciudadanos en general.
Ahora bien, está claro que en tratándose del caso del señor Santrich el procedimiento seguido por la Sala de Revisión de la JEP demuestra en principio que dicha instancia no solo se ajustó al principio de legalidad sino que además garantizó los derechos y libertades del sindicado, frente a las presiones políticas y a las interpretaciones jurídicas ajenas a la realidad procesal, que en este caso constituye la base de la valoración de la conducta del sindicado, en tanto que la decisión definitiva será tomada por la Sala de Apelación de la JEP en los próximos días.
En consecuencia y dadas las implicaciones que tiene este caso emblemático para el futuro de la Justicia Especial, la actitud que deben asumir los colombianos es la de observar y de acatar el principio de legalidad el cual constituye una obligación jurídica no moral, a la cual los ciudadanos no podrán subordinarse si las autoridades violan las leyes y con ellas su propia legalidad, lo que extendería la crisis que vive la justicia al ámbito de la política, como parece ser el propósito de algunos sectores que han comenzado a plantear como alternativa de solución a este impase, la convocatoria a un Referendo o a una Asamblea Constituyente, que en las actuales condiciones ahondaría la confrontación entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, además de que podría reversar el proceso de paz en el cual debe insistirse a partir de las instancias y acuerdos existentes con base en los cuales se construyó una nueva legalidad con la justicia transicional, que el pueblo colombiano y sus dirigentes mas consecuentes tienen el deber de defender frente a los atajos y desvíos que se presentan a lo largo de este tortuoso camino de construcción de una paz estable y duradera ligada con la solución de los problemas económicos, políticos y sociales que afronta el pueblo colombiano.
Lo anterior, sin olvidar que estamos ad portas de una nueva jornada electoral que será aprovechada como un detonante para incentivar las desavenencias, los odios, venganzas y oportunismos políticos a los cuales habrá que cerrarles el paso con el debate de ideas y la escogencia de los mejores candidatos partidarios de la paz y de la convivencia social.
ADENDA: La captura de Jesús Santrich además de ser una burda maniobra jurídica, puso de presente la politización de la justicia evitando su posesión como representante a la Cámara en el Congreso de la República, lo que le daría un fuero y por tanto un tratamiento judicial especial, pudiendo con ello generarse un choque de trenes entre la JEP, la Justicia ordinaria y la Fiscalía que afectaría la estabilidad jurídica del país y la legalidad vigente.
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