Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Lo sucedido recientemente en el barrio de Llano Verde debe llevar a las autoridades y a los ciudadanos en general a hacer sentir su voz de protesta y de alerta contra el asesinato vil de cinco adolescentes que fueron encontrados masacrados en un cañaduzal de una finca colindante con el citado barrio en donde residían las victimas.
Este hecho sangriento nos hace recordar las épocas de una violencia e inseguridad inusitadas que se creían superadas definitivamente.
En este caso se trata de exigir a la Fiscalía una pronta y exhaustiva investigación encaminada a establecer la responsabilidad de sus autores materiales e intelectuales, lo cual constituye un imperativo judicial que debe ir mas allá del afán mediático y periodístico del gobierno nacional y territorial, como si se tratara de una de tantas violencias que se producen en diferentes regiones del país en donde los grupos armados ilegales del narcotráfico y de otras expresiones delincuenciales se disputan indistintamente el control territorial y la supremacía de sus huestes criminales.
En este caso de lo que se trata es de que las personas que han sido capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, no sean “simples chivos expiatorios” de una investigación criminal fallida, que no conduce a ningún resultado dirigido a establecer las causas y los motivos de esta masacre.
Por otra parte es necesario señalar que son las autoridades colombianas las que deben encargarse de la investigación, al margen de lo que el alcalde Ospina manifestó en el sentido de pedir la cooperación del FBI con la investigación que se viene adelantando con ocasión de la masacre en Llano Verde.
Ahora bien, en la lucha contra la violencia y la inseguridad en la ciudad es necesario diseñar una nueva política criminal para remplazar las acciones improvisadas de las autoridades en materia investigativa y judicial encaminadas a obtener resultados basados en pruebas fehacientes y concluyentes y no en simples indicios.
Está claro que la situación de inseguridad permanente que vive la ciudad tiene que ver con la ausencia casi absoluta en los barrios de las autoridades policiales que carecen de la capacidad de reacción para enfrentar a los delincuentes, lo cual debe ser objeto de la revisión de todo el sistema de prevención y represión de la delincuencia común y organizada que impida el atraco diario a las personas a plena luz del día, el ingreso de los delincuentes a las unidades residenciales para cometer toda clase de fechorías o del asesinato de las personas que se resisten a entregar sus pertenencias, etc., lo cual se repite con cierta periodicidad quedando en la impunidad muchas de estas conductas antisociales, debido en buena parte a que las autoridades no recaudan las pruebas para judicializar a los delincuentes y/o no se facilita a las victimas el acceso a la justicia para efecto de identificar a sus agresores y delincuentes.
Pero además la inseguridad y la violencia, también tienen su origen en otros delitos cometidos por los denominados delincuentes de cuello blanco que se valen de los dineros ilícitos para hacer grandes negocios e inversiones en la construcción de obras de infraestructura, lujosos complejos urbanísticos y centros comerciales, en actividades ligadas con la minería ilegal, la extorsión a pequeños y medianos comerciantes con los préstamos usureros de los gota a gota que se han generalizado en la ciudad.
Lamentablemente las autoridades no parecen estar interesadas en desentrañar las verdaderas causas que motivan la inseguridad y violencia en la ciudad y menos investigar la procedencia de ciertos delitos que hoy gozan de un amplio margen de impunidad.
Por supuesto que dichos fenómenos no se combaten simplemente aumentando el pie de fuerza policial o instalando cámaras en algunos sectores críticos de la ciudad o aumentando los presupuestos para atender las necesidades y urgencias de los ciudadanos en esta materia, en tanto que será indispensable acometer una verdadera reforma estructural y funcional del régimen de seguridad existente, que cuente no solo con los recursos técnicos, judiciales y humanos disponibles para prever y prevenir el delito, sino con la participación de los ciudadanos en el mantenimiento de la seguridad y la disminución de la violencia en las ciudades particularmente en Cali en donde estas han crecido exponencialmente con graves consecuencias para la convivencia social de los caleños.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social