Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A raíz de los anuncios del presidente Gustavo Petro en el Congreso de ANALDESCO en torno a la posibilidad de intervenir a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se ha generado un debate jurídico por parte de algunos sectores económicos y políticos que consideran que el gobierno no puede asumir las funciones regulatorias que desempeña dicho organismo encargado de fijar las tarifas de energía para todo el país y con lo cual el gobierno estaría desbordando la institucionalidad, además de que dicha actividad no puede tener un carácter jurídico ni mediático sino técnico según se afirma por dichos sectores.
El hecho real es que las tarifas de la energía han estado subiendo sin mayores controles impactando con más severidad a las clases y grupos sociales medias y populares y de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, particularmente en la región Caribe en donde el alza superó el 40% del índice de precios al consumidor (IPC), mientras que en el resto del país el alza ha sido del 25.9%, afectándose con ello a millones de usuarios que no pueden absorber las alzas desmedidas de este servicio público que se impone con base en una fórmula concebida por la CREG que beneficia fundamentalmente a los generadores de energía que se han constituido en grandes monopolios obteniendo ganancias por cerca de 11 billones de pesos.
A la espera de que el presidente Petro cumpliera con su anuncio de intervenir a la CREG se ha conocido a través de los medios de comunicación que su viceministra de energía llegó a un acuerdo suscrito y firmado con la CREG cuyo contenido se refleja a través de tres proyectos de resoluciones, mediante las cuales se introducen ciertos cambios en la generación, la transmisión, la distribución y el componente de restricciones, con lo cual se busca frenar el aumento desbordado de las tarifas de energía.
Para tal efecto se dispuso diferir a 12 meses y a 6 meses el pago de las obligaciones que deben hacer los comercializadores a los generadores de energía, además de algunas otras modificaciones a varias resoluciones de la CREG, en cuanto a la negociación de los contratos del mercado regulado.
Así mismo, se busca optimizar la operación de las plantas termoeléctricas como de la posibilidad de modificar el incremento tarifario con base en las variaciones entre el IPP (índice de precios al productor) y el IPC (índice de precios al consumidor.)
Con todo ello, se pretende en definitiva estabilizar las relaciones entre los diferentes sectores energéticos, no obstante no haberse definido las pérdidas de energía que impactan las deudas contenidas en los recibos de los 2.3 millones de usuarios de la costa Caribe; además de que no se fija el valor del kw sujeto a negociaciones posteriores entre comercializadores y generadores de energía.
Y de ahí que la disminución de las facturas no esté plenamente garantizada hacia el futuro quedando claro el interés del gobierno por favorecer los monopolios de generadores y comercializadores que en fin de cuentas constituyen la parte dirigente del negocio ocupando de esta manera una posición dominante en el mercado.
Así las cosas, las medidas adoptadas por el gobierno no constituyen más que paliativos que poco o nada contribuirán a resolver los graves problemas que afronta el país en esta materia. Entretanto se abre una brecha que traerá consigo nuevas contradicciones al interior del sector eléctrico cuyo costo se traducirá en nuevas alzas de las tarifas de la energía que los consumidores no podrán pagar generándose con ello una mayor crisis agravada con la inflación que padece el país.
La posibilidad real que tiene el gobierno de intervenir a la CREG, en estas circunstancias no puede concebirse de manera abstracta como si se tratara de un asunto específicamente técnico o jurídico, desatendiendo los motivos y las razones de los ciudadanos que no están en condiciones de pagar los costos de dicho servicio y a quienes tampoco se les podrá privar del mismo por el no pago del servicio respectivo.
En tal caso la intervención pasa de ser una posibilidad a una necesidad en favor de los usuarios de este servicio público básico que en definitiva debe estar a cargo del Estado en su totalidad y no como ocurre en la actualidad en que seis empresas privadas controlan el 90% del servicio energético.
ADENDA 1.- Paradójicamente el gobierno nacional ha decidido no proveer de los recursos para mantener el fondo de estabilización de los combustibles, lo cual significa la desaparición del subsidio a la gasolina y demás combustibles, generándose con ello un alza en el precio de aquellos que de hacerse realidad incidirá en el aumento del precio de los productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y en el incremento de la inflación que hoy soportan los colombianos. Aunque el gobierno considera necesaria e indispensable la aplicación de esta medida, lo cierto es que la misma frenará la demanda de combustibles en buena parte debido a la pérdida de capacidad de compra de los usuarios que se verán obligados a reducir su consumo. Esta circunstancia se agravará con el paso del tiempo toda vez que el ministro de Hacienda y Crédito Público ha aclarado que el incremento del precio de la gasolina será mucho mayor en los próximos meses, lo que exige una revisión de la política pública en esta materia que implica una nueva concepción y estrategia relacionada con la política de hidrocarburos a corto, mediano y largo plazo.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social