Ricardo Téllez Bautista
Abogado Administrativista Unilibre, Especialista en Administración Pública Univalle
El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia abarca todo el año 2019.
Similar a cómo el oncólogo diagnostica a su paciente enfermo, Michael Forst, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH, ha evaluado el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado con las FARC-EP[1]; también evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas. De paso, presenta recomendaciones para contribuir a dicha paz. Es decir, el contexto nos hace comprender por qué el Partido de Gobierno, Centro Democrático, y otros cercanos en planear, hacer, verificar y controlar, no estarán contentos.
El diagnostico recogió información en 1151 misiones al terreno, desarrolló 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos; brindó asistencia técnica al Estado a nivel nacional, departamental y municipal, en particular a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Agencia Nacional de Tierras. Asimismo, colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según Forst, estas entidades estatales acreditan el resultado de su trabajo.
El documento de 34 páginas en su parte III nos ofrece el tema de la vida de líderes sociales. Afirma que “Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. En 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. De los 108 asesinatos documentados por el ACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. El 55% de estos casos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los ámbitos del ejercicio de defensa de derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65% de todos los asesinatos, manteniendo una tendencia que ha documentado el ACNUDH desde 2016. El asesinato de un defensor indígena Embera ocurrido en abril en Riosucio, Chocó, fue emblemático. Este municipio se caracteriza por un alto índice de pobreza multidimensional, violencia endémica y la presencia del ELN y de grupos criminales que se diputan el control del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes. Su labor de reivindicar los derechos de su comunidad afectó los intereses de estos grupos, por lo que fue asesinado. Su asesinato exacerba las condiciones de marginalidad de su comunidad y reduce la posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos (…).
Y más adelante podemos leer: “Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018. El 5 de enero en Magdalena, una defensora afrocolombiana que exigía la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la adjudicación de tierras, fue asesinada por denunciar la presencia de un grupo criminal. La pronta y efectiva implementación del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos debería ser una importante herramienta de prevención, protección e investigación de ataques contra mujeres defensoras. En 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá. El ACNUDH continuó documentando ataques contra representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Especialmente en zonas rurales, las JAC son la principal base de participación política y de promoción del desarrollo y de los derechos humanos. Aunque se registró una disminución significativa desde 2018, cuando el ACNUDH verificó 46 casos, documentó 30 asesinatos de representantes de las JAC en 2019”.
El diagnostico “del oncólogo” no sólo se refiere al estado actual de la enfermedad: el científico aplaude las estrategias del Presidente Duque en los numerales 20-24-25-26 y 28 de la página 6. Y hace recomendaciones en los numerales 27 y 29, que el paciente Colombia debe acoger. Los aspectos muy positivos están ahí anotados, y no pueden superar en espacio al estado de la paz colombiana. El paciente está muy enojado con su oncólogo.
[1] Ver Acuerdo de Paz, puntos: 3.4.3; 3.4.7.4.2; 5.1.2, párrafos. 60 y 62 en relación con 53(d), 6.3.4 y 6.4.2.
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
