Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Según el ministro de Justicia, los cuatro puntos clave de la política antidrogas del gobierno del presidente Petro se pueden resumir de la siguiente manera: en primer lugar, se permitirá que el campesino que constituye el eslabón más débil de la cadena productiva, pueda continuar sembrando y cosechando la hoja de coca, como base de la producción “no de narcóticos”, sino con destino a la producción de fertilizantes, textiles, cosméticos y alimentos. En segundo lugar, se le entregará al campesino un nuevo predio adquirido por el gobierno dentro de la política de reforma agraria para que realice actividades productivas legales, para lo cual tendrá que arrancar previamente las matas de coca. En tercer lugar, se desarrollará la actividad económica legal dentro del nuevo terreno a nivel colectivo, es decir, por veredas o municipios con el compromiso de que todos dejen de cultivar la hoja de coca en tanto que el Estado podrá ayudarles con la titulación de las tierras y con créditos. En cuarto lugar, se pagará un salario mínimo o se entregará un subsidio a quienes deforestaron para cultivar la hoja de coca y ahora se conviertan en guardabosques.
Para lograr dicho propósito deberá desmantelarse los grupos criminales y hacer que el Estado tenga presencia en aquellos lugares donde se siembre la coca, o la marihuana junto con instituciones como el INVIMA, el Ministerio de educación, etc. Por otra parte, el ministro de justicia afirma que es necesario destruir el narcotráfico para lo cual debe desarrollarse la acción policial y judicial, además de incautarles sus bienes, destruir los laboratorios extinguirles el dominio de aquellas propiedades confiscadas como también ejercer todo el esfuerzo para capturar a las cabezas del narcotráfico contando para ello con aliados como los Estados Unidos preocupados por el aumento del consumo de drogas y estupefacientes.
La efectividad de esta política la cifra el gobierno en el hecho de que el precio de la coca en el mercado nacional e internacional ha caído, lo cual se dice constituye una oportunidad para hacer el tránsito a la legalidad.
Con todo lo expuesto anteriormente el ministro de justicia agrega que no se hace ilusiones con la aplicación de esta política, ya que existen tratados internacionales y sectores muy adversos a los cambios, en tanto que nuestra política es compatible con nuestra legislación y con los compromisos internacionales.
Un examen más profundo de la política antidrogas del gobierno, debe llevarnos a reflexionar sobre su contenido esencial encaminado a mitigar la producción de la hoja que cultiva el campesino, pero que deja por fuera los procesos de distribución, intercambio y comercialización de la coca, los cuales hacen parte de la dinámica que se extiende hasta el consumo de la droga que crece inusitadamente a nivel nacional e internacional convirtiéndose en uno de los negocios mas rentables, de la cual depende toda la cadena productiva y en especial las mafias del narcotráfico.
Resulta un tanto ilusorio creer que en general los campesinos productores de la hoja de coca dejarán de cultivarla a cambio de unos beneficios que recibirán por parte del Estado y con los cuales no cambiará su situación económica y social en una sociedad sometida al imperio de una realidad que demanda de un verdadero cambio social de carácter integral y no de la simple implementación de unas políticas, que si bien es cierto, podrán contribuir para sustitución parcial del cultivo de la hoja de coca, no acabarán con el negocio del cual se nutre toda la cadena productiva jalonada por el consumo de los estupefacientes como la coca, la marihuana, el opio, la heroína.
Ahora bien, el gobierno manifiesta a través de su ministro de justicia que, no obstante que estos procesos avanzan muy lentamente, se deberá aprovechar que el precio de la coca ha bajado sustancialmente ya que los cocaleros están pasando por un momento muy difícil porque su valor se ha rebajado hasta en un 40%. Sin embargo, este fenómeno no hará que los productores de la coca renuncien a continuar en el futuro con dicho negocio, como sucedió en USA con la legalización de la producción de whisky cuyo precio bajó considerablemente para luego subir acorde con la demanda del producto, circunstancia que también se repetirá con la coca a su debido tiempo en Colombia.
Este tipo de estrategias que contiene la política antidrogas del gobierno, no solo predispone la conciencia de los colombianos sino que restringe el juicio y el razonamiento de todos aquellos que se dejan seducir con una porción del conocimiento derivado en este caso de determinados grupos de interés que contribuyen a deformar la realidad con sus apreciaciones y valoraciones que deforman la propia realidad.
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