Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Cuando se funda Cali en 1536 ya existía en España el Supremo Consejo de Indias creado por Fernando el Católico y reformado por Carlos I y luego por Felipe II, y en 1549 se creó la Real Audiencia de Santafé dependiendo del Virreinato del Perú; sólo en 1717 se creó el Virreinato de la Nueva Granada con jurisdicción sobre las provincias de Santa Marta, Popayán, Antioquia, Cartagena, Quito y Caracas, por lo que vale decir que incluía partes de las actuales Venezuela y Ecuador. En conclusión, desde su fundación a inicios del siglo XVI los habitantes de Cali han estado acostumbrados a que las decisiones políticas vengan de afuera, como ahora ya en el XXI.
La política durante la época Colonial poco cambió a fondo hasta que en 1819 se crea la Gran Colombia en sustitución del antiguo virreinato, pero ya incluyendo a Panamá, seguida por la República de la Nueva Granada en 1830 y la Confederación Granadina en 1858. Sólo cambios de nombre pero sacando a la superficie el conflicto entre el centralismo, ya al menos en América y no en España, y el federalismo, lo que llevó a los Estados Unidos de Colombia, en 1863, y al mismo tiempo a incrementar el descreste por todo lo norteamericano, el que subsiste en Cali hasta hoy en día.
La Constitución de 1886 impone, ya en Colombia, la hegemonía conservadora, pero luego de la Guerra de los mil días, 1899 y 1902, y perdido Panamá, se dan movimientos sociales y la lucha bipartidista y, en 1930, se cambia a la “revolución en marcha” del liberalismo, marcado por la guerra con Perú, la II Guerra Mundial y, en 1948, el “bogotazo” por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Se recrudece la “Violencia” y, en 1953, el general Rojas Pinilla da un golpe de estado, seguido en 1957 por una Junta Militar y un año después se inicia el Frente Nacional, hasta 1974, en 1986 se aprueba la elección popular de alcaldes, coincidiendo con el rápido crecimiento de Cali y el auge del narcotráfico.
Urbanización que caracteriza en la segunda mitad del siglo XX a las ciudades en Colombia, mientras que el narcotráfico afecta principalmente a algunas, como Medellín y Cali, lo que junto con otros asuntos, llevaron a la Constitución de 1991, en la que participaron representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, minorías étnicas, hombres y mujeres, mientras que se sucedieron significativos movimientos estudiantiles, como el de la Universidad del Valle de 1971. Pero ignorando que en ese momento más de la mitad de los habitantes del país ya vivían en ciudades, el tema de las ciudades, en tanto artefactos, y de los ciudadanos, en tanto urbanitas, no aparece por ningún lado.
Y, a comienzos del siglo XXI y luego de varias actualizaciones, y pese a la nueva realidad del país, al pasar en un siglo de ser rural, al igual que en los cuatro anteriores, a serlo prioritariamente urbano, lo único que se puede leer en la Constitución del 91, respecto a las ciudades, es: “Art. 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la leyes.”