Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El proyecto de ley anunciado recientemente por el ministro de Justicia mediante el cual se introducen varias modificaciones al Código Penal, Penitenciarios, a la extradición, además de darle un tratamiento especial a los campesinos vinculados con los cultivos ilícitos, fuera de constituir un aspecto esencial para la consolidación del proceso de la Paz total, hace parte de la política pública del gobierno interesado en acabar según se dice con el narcotráfico en el país.
A partir de la aprobación de dicho proyecto de ley por el Congreso de la República se podrá acordar con las bandas criminales de delincuentes y grupos armados del narcotráfico el sometimiento a la justicia ordinaria, que implica la aceptación de las responsabilidades por las acciones criminales y la entrega de los bienes adquiridos ilegalmente, a cambio de los cuales recibirían ciertos beneficios legales en materia de reducción de las penas privativas de la libertad personal y un tratamiento penitenciario especial una vez se cumpla con una parte fundamental de las sanciones penales impuestas.
Por otra parte, se crea la posibilidad de que los grupos insurgentes como el ELN se puedan acoger a la justicia transicional como producto de un pacto que debe resultar de los diálogos con dicha organización guerrillera.
Así mismo se considera necesario ofrecerles un trato especial a los campesinos comprometidos con la siembra de cultivos ilícitos y siempre y cuando estén dispuestos a sustituirlos procediendo a su erradicación voluntaria, con los cuales podrán obtener el beneficio de extinción de la acción penal.
Mientras tanto el gobierno considera necesario regular el uso del canabis para beneficiar a pequeños campesinos cuya actividad económica lícita se derive del cultivo de dicha planta. En cuanto al cultivo de la hoja de coca se dice que el gobierno continuará la lucha contra las bandas del narcotráfico, al tiempo que considera que la paz total puede conducir a acabar con este flagelo.
Finalmente, el ministro advierte que el proceso de la Paz total puede fracasar, sí por ejemplo la JEP dicta sentencias que el gobierno no pueda ejecutar, circunstancia esta que se convertiría en la peor noticia para la sociedad.
Estos anticipos que contiene el proyecto de reforma nos permite realizar algunos análisis a dichas iniciativas que a nuestro juicio se limitan al examen de una realidad histórica y social incompleta e insuficiente, que ha sido entendida de una manera superficial en cuanto al origen y las características del fenómeno del narcotráfico en nuestro país y de la aparente e ilusoria realidad de poder acabarlo, utilizando para ello el expediente de la regulación atinente a la producción y el consumo de las drogas convertidos en uno de los negocios más prósperos del planeta.
En este caso, el poder de seducción de la legalización como alternativa para acabar con la violencia que se desata con la lucha competitiva entre los carteles del narcotráfico y la incapacidad del Estado para combatirlos, ha conducido a los gobernantes y a algunos sectores de opinión a considerar que frente al fracaso de la guerra contra las drogas ilícitas, el camino a seguir es flexibilizar la legislación mediante la adopción de nuevas medidas de regulación y control de su producción y consumo y eventualmente de su comercialización, a partir de la elaboración de toda clase de productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, financiados por el gran capital que hoy está detrás del manejo del negocio y que en el futuro inmediato les podrá generar ingentes ganancias a sus promotores y comercializadores.
Desde luego que no es cierto que, con la legalización y la regulación de las drogas narcóticas se podrá acabar con el narcotráfico ni que finalmente surgirá la paz total como lo afirman el ministro de Justicia y los demás funcionarios del gobierno que se han dejado seducir con una porción del conocimiento derivado de las simples sensaciones que experimentan y que en algunos casos contribuyen a deformar la realidad, ante la necesidad de profundizar en el examen riguroso de este fenómeno cuyo contenido esencial se encuentra oculto a nuestra percepción.
Desde la Veeduría que representamos consideramos necesario que el debate sobre este tema no debe reducirse al examen que haga el Congreso de la República del proyecto de reforma, en tanto que el mismo constituye un asunto de interés general y prioritario que debe ser debatido con la participación de los ciudadanos en desarrollo de la norma constitucional que obliga a las autoridades a facilitarles el ejercicio de la democracia en los asuntos que los afectan directa o indirectamente en la vida económica, política, social, cultural, ambiental.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social