Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la Constitución Política se estableció junto a los derechos de los ciudadanos un capitulo especial dedicado al cumplimiento de sus deberes, solo que de los derechos se apropió un sector minoritario de la población pertenecientes a clases y grupos sociales privilegiados, dejando en cabeza de las clases trabajadoras y mas vulnerables de la sociedad, el cumplimiento estricto de los deberes rompiéndose con ello el equilibrio que debe existir entre estos dos aspectos de la relación jurídica.
A partir de la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la salud considerada como un derecho fundamental, se ha suscitado en un medio periodístico escrito la publicación de un editorial en donde se plantea la tesis de que no pueden haber derechos sin deberes en relación con el manejo de la salud por parte de EPS, médicos, pacientes y gobierno respectivamente. (Editorial El Tiempo, febrero 23-2017)
No obstante lo anterior es evidente el desequilibrio entre los derechos y deberes lo cual se refleja en la practica social con la prestación del servicio de salud, convertido en un negocio muy rentable para las organizaciones encargadas de su prestación, en tanto que el Estado resulta a todas luces incapaz de garantizar el cumplimiento de los deberes por parte de tales entidades en correspondencia con los derechos de sus afiliados que por lo demás son titulares del derecho indiscutible de la salud, para la cual se destinan grandes sumas de dinero que el Estado a través del FOSYGA dispone en favor de dichas organizaciones para pagar en buena parte sus costos.
Por supuesto que las recomendaciones del citado editorial encaminadas a exhortar por ejemplo a los médicos para que desarrollen su actividad profesional ajustada en un todo a ciertos códigos de ética y de autorregulación sin detrimento de su autonomía medica, a fin de evitar según se dice, los excesos que pueden convertirse en “peligroso boomerang contra la legitimidad y el prestigio del gremio”, no dejan de ser mas que presiones que no se compadecen con la realidad que viven dichos profesionales, cuya libertad de contratación con las EPS esta sujeta al cumplimiento estricto de ciertos protocolos que en la mayoría de los casos atentan contra la autonomía del profesional y los derechos de los pacientes.
Pero tampoco es aceptable que se diga que los pacientes no deben excederse en sus pedidos calificados de “innecesarios y absurdos”, cuando de una parte está comprobado con las quejas y reclamos de los pacientes y de sus familiares, que muchos de estos son sometidos injustificadamente a largas jornadas de espera, tramites burocráticos, cuando no es que las EPS no entregan los medicamentos oportunamente o se niegan determinados procedimientos médicos indispensables para mejorar el estado de los pacientes, todo esto sin contar con el hecho recurrente del “paseo de la muerte” que conduce a que los enfermos fallezcan en las puertas de los hospitales y clínicas privadas que funcionan en el país antes de ser atendidos en debida forma.
El derecho fundamental a la salud no puede garantizarse imponiendo un trato desigual y oneroso a los usuarios que reclaman tratamiento quirúrgico, farmacéutico, hospitalario, etc., oportunos. Pero tampoco se puede reducir a la simple lógica jurídica de la correlación entre los derechos y deberes, cuando de lo que se trata es de asegurar materialmente derechos iguales y deberes iguales para todos y no derechos para unas cuantas personas y deberes para la mayoría de los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social