Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque de conformidad con la Constitución y la ley las autoridades deben velar por la seguridad de los ciudadanos, dicha obligación tiene que concebirse dentro del marco del Estado Social de Derecho, la cual no puede reducirse a la sola protección de la vida, honra y bienes de las personas, sino a garantizar la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, conjuntamente con su derecho de participar en las decisiones que los afectan directa o indirectamente en sus intereses individuales y colectivos. Pero además el Estado debe responder por los daños causados a las personas por acción u omisión de ciertas actuaciones de los servidores públicos.
Todos estos aspectos de estricto cumplimiento y aplicación práctica por parte de las autoridades se han convertido en simples formalidades cuando de lo que se trata no solo es de garantizar la integridad física de los ciudadanos de la creciente ofensiva criminal que hoy se extiende a todo el territorio nacional, sino de asegurar real y materialmente los derechos económicos y sociales de los ciudadanos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la educación, la salud, etc. Es sabido que en ciudades como Cali que poseen altos índices de inseguridad que tienden a incrementarse no existen políticas estables y coherentes en materia de empleo más allá de las posibilidades que ofrece la contratación oficial y el clientelismo político.
Mientras tanto, centenares de jóvenes hombres y mujeres pasan a engrosar las filas de los desocupados para quienes no existen oportunidades de trabajo y cuando son vinculados a una actividad laboral terminan siendo objeto de una cruel explotación económica o pasan a integrar las bandas de delincuentes que hoy azotan a la ciudad.
A todo lo anterior se suma el hecho de que la administración municipal apenas sí cumple a medias con la obligación constitucional y legal de garantizar algunos derechos económicos y sociales en favor de la población caleña, en tanto que buena parte de los recursos presupuestales se destinan a costear los onerosos gastos de funcionamiento del aparto municipal y a mantener la costosa contratación oficial que muy poco le retribuye a la ciudad.
Por supuesto que los gobiernos de los últimos tiempos se han trazado como objetivo principal por encima de la obligación de satisfacer los intereses y necesidades del pueblo caleño, el de privilegiar y priorizar la construcción y ejecución de un conjunto de proyectos urbanísticos y de obras viales de todo tipo y de promover la denominada economía de los servicios, con los cuales se aspira a estimular el crecimiento económico y el progreso material de la ciudad para beneficiar a unos pocos sectores sociales.
Al mismo tiempo se niega deliberadamente la posibilidad de que la ciudad y sus habitantes participen del desarrollo económico y social de manera integral y armónica con un crecimiento ordenado y coherente ligado a los verdaderos intereses y necesidades de la comunidad y a los fines esenciales del Estado Social Democrático y de Derecho, que le impone a las autoridades la obligación perentoria de promover el bienestar y la prosperidad general para todos.
Así las cosas, la seguridad ciudadana concebida de una manera integral tiene que ver con todos aquellos principios, valores, derechos y deberes que deben cumplir las autoridades contando para ello con el concurso de los ciudadanos que son sujeto y objeto a la vez de la gobernabilidad y por tanto de las acciones u omisiones de todos aquellos funcionarios en capacidad de contribuir con la construcción de una real seguridad.
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Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social