María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Por obra y gracia de la negociación de nuestra institucionalidad con las Farc y la incesante repetición propagandística de una izquierda que encontró en las concesiones de Juan Manuel Santos su gran oportunidad política, muchos en Colombia siguen creyendo que un acuerdo con el terrorismo es paz, que la impunidad para los criminales es justicia alternativa y que desconocer a las víctimas para premiar a los victimarios es una obligación para alcanzar la reconciliación.
Esas premisas erradas los llevan incluso a desconocer que en la Democracia es la mayoría, a través del voto popular, la que toma las decisiones que marcarán el rumbo del país. Lo hicieron el 2 de octubre de 2016 con el Plebiscito y anhelan repetirlo ahora, cuando la elección del presidente Iván Duque marca límites a la repartija de beneficios a quienes bañaron en sangre a Colombia y, en muchos casos, pretenden seguir delinquiendo sin que nada o nadie los pueda incomodar.
Por ello cayó tan mal en esos sectores que el presidente de la República, en plena competencia de sus facultades constitucionales y tras una ponderación alejada de la presión política y mediática, presentara objeción a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP en busca de que exista una verdadera reparación a las víctimas, para que la justicia ordinaria no esté amarrada al momento de investigar conductas reincidentes, para que la Fiscalía y el alto comisionado de Paz no pierdan competencias, para que la extradición no sea bloqueada como en el caso “Santrich”, ni los responsables de delitos de lesa humanidad obtengan total e injustificable impunidad.
A ello se suma la propuesta del Ejecutivo de impulsar en el Congreso un acto legislativo que impida beneficios judiciales a violadores de niños y a quienes no dejaron de delinquir tras la firma del acuerdo Santos-Farc.
¿Cómo no van a estar molestos los criminales, sus cómplices y sus aliados políticos? El presidente Duque, cumpliendo el compromiso que asumió ante el país y por el que fue electo, establece líneas y frenos a una “jurisdicción especial de paz” creada por los mismos guerrilleros para garantizarse impunidad, curules en el Congreso y el patrocinio del Estado colombiano durante largo y plácido tiempo.
Es ahora el Congreso de la República el llamado a estudiar las objeciones presidenciales y cumplir con una máxima de la verdadera paz: las víctimas están por encima de todo. Es esta la oportunidad para que el país recupere parte de la justicia mancillada por quienes suscribieron un acuerdo que ignoró la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos. Es tiempo de restablecer las pautas que permiten vivir en sociedad y nunca más cometer el error de premiar a los violentos e ignorar a los colombianos que creemos que con trabajo honesto y respeto a la legalidad se puede construir la Colombia justa y en paz que todos anhelamos.