María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Una inesperada sorpresa ocasionó la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento por trámites de forma, la cual solo tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.
Si bien no comparto la decisión del alto tribunal, porque, como lo muestran los salvamentos de voto de dos de sus magistrados, los argumentos que esgrimieron la mayoría de los magistrados que votaron a favor de la inexequibilidad son refutables, ya que sí hubo publicidad, posibilidades de participación ciudadana, y conocimiento de los congresistas del articulado. Pero hay que acatar la decisión y es una realidad que toca tramitar una nueva reforma. Y en buena hora el presidente Iván Duque propone radicar un proyecto similar al que fue aprobado por el Congreso y declarado inexequible, que estudiaremos y defenderemos para que la Ley entre a regir a partir de enero de 2020.
A pesar de varias críticas que recibió la Ley en su momento, medidas como la reducción del impuesto de renta a las empresas, la normalización tributaria, el IVA plurifásico para gaseosas y cervezas, el fortalecimiento de la DIAN y la creación del régimen simple, hoy están dando resultados positivos en la economía y las cifras lo demuestran.
En primer lugar, es la primera vez desde el 2015 que nuestra tasa de crecimiento del PIB es superior al 3%. En segundo lugar, la inversión en maquinaria y equipo ha alcanzado un incremento promedio del 15,2% en lo corrido de 2019, muy por encima del 2,4% en 2018; y en tercer lugar, el recaudo bruto de la DIAN a septiembre llegó a los $123 billones, cifra 11,6% superior a la de 2018. Además más de 8.500 pequeñas empresas se han formalizado a través del impuesto Simple, y se ha generado un importante repunte de la confianza en la economía y en el gobierno, que ha permitido que en el primer semestre del año, la inversión extranjera directa llegara a los $7.239 millones de dólares frente a los $5.847 millones del 2018.
Por lo anterior, confiamos en que el trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso permitirá no sólo afinar la ley sino que esta sea aprobada antes del 31 de diciembre, para que pueda seguir contribuyendo a la reactivación económica del país, a la generación de empleo formal, a la equidad y a reducir la evasión tributaria.
Pero es paradójico que el mismo día vivimos dos importantes noticias económicas: una negativa como fue la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, y la otra positiva, al aprobar el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para 2020 por $271,7 billones.
De este presupuesto quisiera resaltar su énfasis en la austeridad y su enfoque social. Frente a lo primero es preciso anotar que los gastos de personal aumentan únicamente la inflación esperada (3,25%) y lo acordado en la negociación con los sindicatos de 1,2%. Con excepción de lo aprobado por leyes anteriores de aumentar el número de cargos de la DIAN para su fortalecimiento y del INPEC en cerca de 3200 cargos entre las dos, la nómina de la rama ejecutiva se reduce en 714 cargos frente a 2019. Además, la adquisición de bienes y servicios cae de 0,9% del PIB al 0,8%.
Con relación al gasto social, el presupuesto es de $148 billones, representando el 69% del PGN sin deuda; con lo cual se dará cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y cubrir los principales programas sociales para beneficiar a los más vulnerables, entre ellos: $1,2 billones para atender 5,6 millones de raciones del plan de alimentación escolar; $1,69 billones para beneficiar a 1,5 millones de adultos mayores; $1,8 billones para beneficiar a 2,4 millones de familias y 320.000 jóvenes con el programa familias en acción, y $1.6 billones para financiar programas de acceso a la educación superior como Generación E con sus 80.000 becas año y cumplirle a los 30.000 jóvenes de Ser Pilo Paga
En esa misma línea debo rescatar que, durante el trámite en el Congreso, los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda se lograron reducir para que cerca de $7 billones se incluyeran en el presupuesto de inversión, lo cual permite que los recursos para las regiones aumenten en cerca de 18% frente al año anterior.
Esperamos que en los próximos días el Congreso reciba el proyecto de la Ley de Financiamiento y que pueda surtir su trámite en el tiempo estipulado. Esta Ley es fundamental para nuestra economía, no solo para cumplir la meta de crecer por encima del 4%, sino porque permitirá la formalización empresarial y generación de empleo, reducir la inequidad tributaria y la evasión, aumentar el recaudo y la inversión social y regional, y se cumplan los compromisos de campaña del presidente Duque y las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.