Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La decisión de la Junta Directiva de EMCALI de entregarle a CALIGEN la operación del alumbrado público de la ciudad, so pretexto de fortalecerla y debido a la actitud asumida por el Concejo Distrital de no aprobar la creación de una nueva empresa de economía mixta (CALI INTELIGENTE SAS), sin experiencia, los recursos financieros disponibles ni la tecnología, constituye una forma de ocultar en la práctica bajo el disfraz de lo público, la posibilidad de que se continúe privilegiando el interés privado.
Esta circunstancia pone de presente el propósito de mantener la privatización de este servicio público que en el pasado estuvo a cargo del municipio de Cali, como sucede en la actualidad en otras ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.
Algunos ciudadanos se preguntan: ¿sí en el pasado EMCALI era la entidad encargada de la prestación de este servicio, por qué ahora se considera necesario crear una nueva empresa o entregarle a CALIGEN la operación del servicio?. Estos y muchos otros interrogantes se han quedado sin respuesta en tanto la junta directiva se apresta a contar con un socio que aporte los recursos financieros y tecnológicos para adelantar la operación y modernización de dicho servicio público.
Por lo demás, el gerente general de EMCALI Juan Diego Flórez en su afán por contratar la prestación del servicio de alumbrado público, expresó ante los medios que “todo esto se hizo para garantizar que la empresa será ciento por ciento pública, pues el 90% de Caligen es de EMCALI y el 10% restante es del Distrito de Cali”.
Por otra parte y contraria a la actitud asumida por la junta directiva de EMCALI en el caso del alumbrado público, los directivos de la empresa se declararon incapaces para afrontar los continuos robos y sabotajes de la infraestructura de energía y telecomunicaciones, lo cual no deja de ser preocupante puesto que detrás de estos actos criminales parece estar gestándose una campaña de desprestigio en contra de EMCALI que se traduce en la práctica en la pérdida de clientes que se pasan a la competencia con la cual tiene que lidiar la empresa.
Lo anterior tiene su respaldo en las opiniones del subgerente operativo de EMCALI quien afirma: “Casualmente, en los sectores en donde está la competencia o diferentes empresas colocando infraestructura, es donde se nos presentan más robos, afectación de la fibra óptica y cables”. “…creemos que hay una actuación mucho más allá del robo que busca sabotear y afectar a la empresa con algún otro propósito. Esto está impactando el servicio a los ciudadanos, pero también un bien público de la comunidad”. Así mismo se dice que hay una guerra entre las empresas particulares y EMCALI según afirmaciones del vocal de control de los servicios públicos José Grimaldo.
La situación que se presenta de robo y saboteo en las redes y en la infraestructura de energía y telecomunicaciones, no es un asunto casual ni producto del simple vandalismo que se produce en la ciudad, sino de la puesta en práctica de una serie de acciones encaminadas a sacar a EMCALI del mercado para apropiarse del control y manejo de los servicios públicos de energía, de alumbrado, sobre la base de constituir un gran monopolio posiblemente asociado con el Estado, con el fin de ejercer su dominación total en el mercado y obtener jugosas ganancias a partir de la imposición de elevadas tarifas de los servicios públicos.
No sobra agregar al respecto que mientras la junta directiva de EMCALI solo se preocupa por sacar “adelante” a CALIGEN, la competencia se apodera del mercado de las comunicaciones dejando a la mayoría de los usuarios sin la posibilidad de contar con los servicios de Telecomunicaciones de EMCALI en internet, por no haber llevado la fibra óptica a muchos barrios de la ciudad como Arboleda, Bellavista entre otros. Dicha actitud desdice del compromiso y la obligación de hacer que la empresa sea eficiente y rentable en medio de la lucha competitiva por la prestación de dichos servicios públicos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social