Jean Nicolás Mejía H
Profesional Ciencias políticas – Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 28 años, Máster en cooperación internacional y organizaciones internacionales de la Universitat de Barcelona
Sin duda alguna el inicio de esta nueva década del siglo XXI ha sido un verdadero reto para el sistema internacional en todos los sentidos. El mundo globalizado viene de lidiar con un líder de una potencia internacional que causaba mucha inestabilidad, las guerras en oriente medio sin control de organismos internacionales y el mercado asiático totalmente desatado y en exponencial crecimiento, por nombrar algunos contextos. Sin embargo, los retos son aún mayores, especialmente para regiones a las cuales las recientes dinámicas les ha afectado más.
Basto poco más de un año para empezar a evidenciar las convulsiones del sistema, una crisis internacional derivada del coronavirus, el desintegro de la Unión Europea como históricamente se ha conocido y la gran expectativa que empieza a proyectar la nueva administración del gobierno norteamericano.
De repente, los actores del sistema internacional empezaron a tomar cartas en el asunto. Asia se integró mucho más a nivel económico y social, la Unión Europea busca fortalecer el bloque y Estados Unidos se plantea un nuevo liderazgo. Latinoamérica, por las dinámicas locales y la evidente desconexión entre los mismos países por el desinterés en la política exterior regional, se estancó en virtud del sistema y esto representa grandes retos para los países y para la región en general.
El primer gran reto que tienen los países a nivel local y a nivel regional es la cuestión de la administración gubernamental. Son en concreto, dos aspectos que deben ser motivo de reflexión: la configuración de los gobiernos locales, y la configuración de la política exterior.
Las dinámicas políticas y económicas que históricamente han definido a la región hacen que sea una tarea compleja, casi imposible de dejar atrás el paradigma de las ideologías opuestas y del neoliberalismo económico, pero la aparición de actores políticos independientes de los sistemas tradicionales, la participación política de la ciudadanía (que va en progresivo aumento en la región), y políticas de gobierno sostenibles en algunos países plantean una ventana a una reconfiguración profunda en la región latina.
Es la posibilidad de pensar en gobiernos que tienen un interés real por administrar un estado y no proteger intereses privados, no vivir de la corrupción (algunos países como Colombia y México tienen índices de corrupción alarmantes) y consolidar sistemas de justicia independientes.
Cuando estos gobiernos tienen interés por la administración pública, piensan más allá de sus fronteras y se preocupan por lo que sucede más allá, reconocen que actuar en bloque en algunos casos -temas económicos, comerciales y en seguridad-, cooperar, resulta más beneficioso que no hacerlo. La política exterior no es prioridad de un país que no se considera ni potencia global ni regional, y ello se refleja en la incapacidad de la región para siquiera dialogar fuera de un marco político, que está totalmente intoxicado y oxidado. Es momento de pensar en Latinoamérica como una unidad autosostenible, que actúa en conjunto, pero plantea la independencia que algunos países quieren y reclaman.
El segundo gran reto de la región es desligarse del tradicional desinterés permanente por temas globales como los derechos humanos, a la vez que fortalece los sistemas de justicia a nivel local. En una región históricamente golpeada por dictaduras, conflictos armados internos y guerrillas, hablar de derechos humanos siempre será controvertido. De hecho, el sistema internacional ya les exige a los gobiernos un mayor interés -y resultados- en esta materia.
El gobierno de Biden empieza a apostar por una mayor presión sobre los países en los que se cometen mayores violaciones de derechos humanos, haciendo énfasis en gobiernos que reprimen estos derechos desde la administración del estado -Venezuela, Nicaragua y Chile son ejemplos-, y también en países cuya administración no se ha ocupado de las violaciones en el territorio interno -la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia-.
La exigencia es alta: para ser considerados socios regionales a nivel político los países deben demostrar resultados cuantificables y avances en esta materia. Es, inclusive, un impulso hacia sistemas de justicia avanzados y permeados del contexto internacional: a mayor autonomía de los sistemas judiciales de los países, más eficaces y más confianza deposita la sociedad en las instituciones y, en consecuencia, es más legítimo. La ecuación es bastante simple.
Sin embargo, el tercer y más complejo reto, es la construcción de un sistema social más cooperativo, educado y cívico, El tejido social se debe sustentar esencialmente en la educación de calidad. Es la mejor inversión que un estado puede hacer en si mismo, pues ciudadanos educados con la fuerza laboral del futuro, productiva y profesional, que eventualmente dejará de emigrar para construir en el terreno local.
Sin duda alguna, son retos interesantes para una región que incluso cuenta con los recursos y las herramientas para trabajar a nivel político, económico y comercial. La migración social repentina que se experimenta en muchos países actualmente producto de la situación en Venezuela, ha derivado en planteamientos interesantes a nivel de integración social; en Colombia se cocina una reforma política migratoria para la integración social de la población venezolana en el territorio nacional (según cifras del gobierno, se estima una población cercana a los 2 millones de venezolanos), pero diversos informes plantean una cifra superior a los tres millones), y es un desafío que testea hasta donde la sociedad latina esta preparada para pensar en nivel regional, cooperar para las situaciones como estas.