Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En general los planes de Desarrollo del municipio y del departamento aprobados desde la vigencia del artículo 339 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto legislativo No: 3 del 2011 y su implementación con base en la ley orgánica 152 de 1994, lejos de ser un ejercicio técnico científico y una verdadera función económica y social de los entes territoriales encaminada a cumplir con los objetivos y fines del Estado Social de Derecho, dirigidos a servir a la comunidad y promover la prosperidad general y su participación en las decisiones que los afectan, no dejan de ser mas que un conjunto de pronósticos acompañados por una serie de proyectos y programas que recogen en buena medida las exigencias del mercado, constituyéndose en un instrumento al servicio de determinados sectores particularmente de grandes empresarios, comerciantes y de la economía de los servicios, que concentran la mayor parte de la riqueza social producto de la explotación económica del trabajo de innumerables caleños y vallecaucanos.
Dichos planes de Desarrollo no han tenido continuidad en el tiempo ni en el espacio, no obstante que en la ciudad de Cali se ha puesto el énfasis en la elaboración y ejecución de planes parciales relacionados con la construcción de la infraestructura vial y de complejos habitacionales y comerciales en el sur de la ciudad, generándose por lo demás infinidad de problemas en materia de movilidad, servicios públicos, seguridad, etc.
Así mismo, los planes de Desarrollo aprobados tanto en la ciudad como en el departamento no son evaluados con la objetividad requerida y aunque comprenden diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos tan solo tienen un carácter indicativo en relación con el crecimiento y desarrollo de la economía del sector privado, lo que significa que éste puede acogerse o no a los lineamientos del plan para efectos de su ejecución y desarrollo.
Ahora bien, con el fin de asegurar el uso eficiente de los recursos y garantizar la aplicación efectiva de los proyectos y programas contenidos en el plan de Desarrollo, la Constitución y la ley orgánica han abierto una especie de discusión y participación de los ciudadanos en su preparación y elaboración, lo cual en la práctica se ha convertido en una simple instancia de comunicación y de socialización de las decisiones que toman los gobernantes en este caso de Cali y del Departamento del Valle, que en general poco o nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de sus habitantes, en cuyos territorios se vienen acumulando infinidad de problemas que afectan directamente a la comunidad, sin que se produzca una solución viable y efectiva, distinta de las medidas improvisadas e inconsultas generadoras de toda clase de conflictos sociales.
Los planes de Desarrollo municipales y departamentales que comprenden la parte relacionada con los planes de inversión, han sido utilizadas por los alcaldes y gobernadores para modificar a su antojo el contenido de los presupuestos, generándose grandes déficits y endeudamientos que imposibilitan en la práctica cumplir con los objetivos y fines de dichos planes particularmente aquellos aspectos relacionados con el gasto social.
De aprobarse el actual borrador de Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 presentado por el alcalde Ospina, basado en pronósticos antes que en el estudio y análisis integral y objetivo de los reales problemas y necesidades de los caleños, se estaría repitiendo la historia de aquellos gobernantes que anteponen a la realidad sus deseos personales de clase o grupo social y político en una sociedad sometida al imperio de una realidad aparente e ilusoria que descarta toda posibilidad de profundizar en su contenido esencial casi siempre oculto a nuestra percepción. Esta circunstancia además de restringir el juicio y razonamiento se deja seducir con una parte del conocimiento derivada de las sensaciones que en algunos casos contribuye a deformar la propia realidad que se vive en la ciudad.
ADENDA 1.– La opción de pico y placa en una zona amplia del centro de la ciudad no solo afecta a grupos de ciudadanos que laboran en dicho sector, sino que además no contribuye a resolver el problema de la congestión vehicular que simplemente se traslada a otro lugar. Por otra parte, dicho problema no se solucionará si antes no se resuelve la situación de los vendedores estacionarios y ambulantes que podría incrementarse de implementarse dicha medida, en tanto que la política de descongestión aprobada recientemente ha constituido un total fracaso en manos de la administración que con el actual secretario de infraestructura y movilidad continuará bajo el imperio de la improvisación y desarticulada de otros aspectos que demandan especial atención.
ADENDA 2.- La suspensión del control y vigilancia de la ciudad desde el helicóptero (Halcón) en virtud de que no se han entregado los recursos por parte de la administración a la policía, constituye un despropósito y falta de cooperación de quienes prestan dicho servicio, en momentos en que ha crecido el delito en sus diferentes formas y modalidades; circunstancia esta que debe resolverse a la mayor brevedad posible.
ADENDA 3.- A propósito de la celebración del día de la MUJER y siendo ella parte esencial de la vida de la sociedad, es necesario que todos sin distingos de raza, sexo o condición social, apoyemos las justas y necesarias reivindicaciones de las mujeres de nuestro tiempo al trabajo, a la participación en la vida económica y política y a un trato igual, justo y equitativo acorde con sus intereses y necesidades en el ámbito de una concepción humanista y democrática de convivencia social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social