Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La idea de incrementar los ingresos para el sistema MIO destinando un porcentaje del dinero por multas de tránsito, cobros por parqueo en vía pública; alquiler del espacio público que pagaran los dueños de las antenas, etc., conlleva al estudio de varios aspectos relacionados con la planificación de la ciudad, su economía y la situación social que viven los caleños, los cuales deben ser considerados antes de tomar cualquier decisión, pues el pragmatismo de obtener ingresos para garantizar el negocio del MIO a los operadores privados agravará los problemas que padece la municipalidad.
Sin embargo y aunque los efectos de las medidas alcabaleras tienen repercusiones en la ciudad, nunca son analizadas las consecuencias que traerán para el desarrollo urbanístico y social. La organización de los sistemas de transporte masivo es compleja y se requiere evaluar el impacto en la ciudad de cada decisión.
La propuesta de cobrar por parquear en la vía pública debe estar precedida del estudio que permita definir el impacto sobre la movilidad al destinar algunos carriles para estacionarse, en una ciudad que adolece de suficientes vías y que además le fueron sustraídos carriles para entregárselos al uso exclusivo de los articulados. Sin existir estudios que demuestren cuál es la relación costo-beneficio de la propuesta, de antemano se prevé que las congestiones vehiculares aumentarán por la existencia de menos carriles para circular.
El alquiler del espacio público para las antenas en comunicación es asunto que debe privilegiar al conjunto de la ciudad y de los caleños, siendo un tema muy sensible por las consecuencias en la parte visual y sobre la salud de las personas que habitan los sitios cercanos. Los costos por el alquiler del espacio público deben referirse también a los costos urbanos que traería esa decisión.
Si bien es cierto que los conductores deben conocer y respetar las normas de tránsito, lo evidente es que el Estado ha sido permisivo y benevolente al entregar pases de conducción a personas que desconocen los más elementales reglamentos teniendo el deber de realizar campañas permanentes de carácter pedagógico, para darlas a conocer a los conductores, relacionadas con el parqueo en zonas prohibidas, el pasarse los semáforos en rojo, conducir a velocidades superiores a las permitidas, etc. Aumentar los ingresos cogiendo infraganti a los conductores para imponerles onerosas multas no solo es que no aumentará los ingresos porque usualmente los conductores no las pagan sino que no redundará en un mejoramiento de la movilidad. Esto no significa en modo alguno que se toleren las frecuentes infracciones en las que incurren muchos conductores de automotores y de motos. Se trata de que las políticas gubernamentales redunden en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.
Es así que el MIO no solo se ha convertido en un barril sin fondo al que ningún dinero es suficiente para sacar de la crisis financiera a sus operadores, sino que ha contribuido al deterioro del bienestar general que fue el factor esencial para que el gobierno nacional y el municipal hubieran optado por esa opción. Este es un asunto de interés general que debe ser discutido con todos los caleños y no solo con los operadores privados del sistema.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social