Redacción
El gobierno en la Comisión 1ª del Senado, anunció a través de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, que no seguirá impulsando la aprobación de la reforma política en el Congreso, lo que está en el fondo proponiendo un acuerdo nacional sobre la política, denuncia la funcionaria, que no se pudo con la listas cerradas, para darle fin a la violación de los topes electorales, el vicio, su financiación y lo que tiene que ver con una reforma profunda. La elección de un Alcalde de Cali, Concejal, Congresista, el mismo Presidente Santos, se sabe que hubo violación de los topes electorales y el Congreso no ha querido legislar sobre este aspecto tan importante.
Lo de las listas cerradas es algo más grave, desde el punto de vista que entra al Congreso y a los Concejos, solamente la maquinaria, , no hay responsabilidad de los partidos y las mayorías ciudadanas se quedan sin participar. Democracia?
El gobierno da a entender que no ha podido en el Congreso luchar contra la corrupción, ante tanto dinero ilegal que ingresa a las campañas electorales, en el caso del Concejo de Cali ahora haya candidatos con más de 1000 millones de pesos de costo de esa candidatura, es algo exageradamente alto y que le debe de preocupar por el futuro de los municipios.
Ha dicho el gobierno que aspira a presentar un nuevo proyecto en la próxima legislatura, pero invita a que haya cambio en las costumbres políticas Colombia. No se puede seguir con este jueguito, llevamos ocho años detrás de la Reforma Constitucional a la Justicia y no se ha logrado, a la política cuatro años, al territorio desde que le ordenó prácticamente la nueva constitución, donde no se ha querido darle a la provincia colombiana fuerza económica y electoral, definitivamente somos demasiado egoístas y desde todo punto de vista nos gusta el centralismo.
Y qué decir de la concentración de la riqueza en Colombia y tan alta desigualdad social. Ello amerita otra Reforma Constitucional. Entender que Colombia lleva décadas dándole más importancia a los resultados económicos que generan dramáticos efectos sociales, solamente es observar la informalidad laboral y la tasa al desempleo, que en el mejor de los casos da el 60%, es decir de 100 personas económicamente activas, 60 en Colombia no tienen protección social. Y qué decir del incremento en la desigualdad de ingresos, donde el 10% de ingresos superiores, tienen 80 veces el ingreso del 10% más pobre.
Y la informalidad laboral para los pobres supera el 90% de las personas de la población ocupada. Este es el resultado de un país con excesiva concentración económica, grandes empresarios financiadores de congresistas y gobierno y por ello, no logran desarrollar una política económica y social justa.
En lo que tiene que ver con la educación de los pobres, la diferencia sigue siendo abismal y el gobierno nacional este problema no lo ha podido solucionar. Es un problema cultural en nuestro país. Y no es que la Constitución del 91, en su formulación de estado social de derecho no se haya aplicado, con elementos de tanto contenido social como decir “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas, de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable… Artículo 366 de la Constitución Política colombiana. Y qué decir del Art. 334 de la C.N. “el Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”. Aquí hay mucha claridad frente al empleo, sin embargo esa Constitución tiene gran literatura, en Colombia no ha podido lograr resultados prácticos en la disminución de la desigualdad social. Todo porque entre la aplicación de la norma constitucional y la política económica de turno, prevalece la estabilidad económica del país. Se requiere una nueva carta constitucional que corrija todo estas desigualdades.
Al Gobierno y el Congreso no lo dejan mover los empresarios en la parte económica y social y las altas cortes en la justicia, es indudablemente una Asamblea Nacional Constituyente que todos los días se vuelve una necesidad del país.