Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Mientras que en el país se contabilizan un poco más de 63 mil personas contagiadas con el coronavirus, el gobierno del presidente Duque autoriza a los alcaldes y gobernadores para que en sus territorios levanten las medidas de aislamiento social obligatorio a fin de proceder a reactivar el comercio y la economía de los servicios, abriéndole de esta forma la puerta al COVID-19 que ha comenzado a expandirse profusamente en varias ciudades del país.
Lo paradójico es que si bien es cierto, los gobernantes tienen el deber y la obligación de proteger la vida y la salud de sus gobernados tomando las medidas preventivas del caso como han sido por ejemplo, las decretadas del distanciamiento social obligatorio y demás restricciones de la libertad de acción de los ciudadanos, lo cierto es que, el gobierno resolvió levantar dichas medidas bajo la presión de los gremios empresariales y del comercio organizado interesado en reactivar la economía, sin importar las observaciones y advertencias de las organizaciones de la salud, como la OMS y OPS y con lo cual las autoridades se despojaron fácilmente de su responsabilidad constitucional y legal para trasladársela a los ciudadanos, a quienes les recomiendan hipócritamente que “deben cuidarse para no contraer el virus” y acogerse a los protocolos impuestos por los propietarios de los establecimientos comerciales y de servicios.
No es casual que el gobierno nacional haya ordenado levantar la cuarentena y reabrir la economía en momentos en que tienen lugar en varias regiones del país la celebración de sus fiestas tradicionales, del día del padre y del día sin IVA mediante el cual se rebajarán los precios de determinados productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, pero que en la práctica no parecen corresponder con la realidad a partir de las denuncias que se han presentado en esta materia.
La ciudad de Cali no es ajena a esta situación que se vive en el país, en tanto que el alcalde Ospina a la vez que invita a los caleños a reactivar la economía, adopta una serie de medidas restrictivas de la libertad de acción como el toque de queda nocturno extensivo a toda la ciudad el cual irá desde el sábado a partir de las 10 p.m. hasta el martes a las 5 a.m., con lo cual se pretende ejercer un férreo control del orden público durante el puente de fin de semana y frente al posible desbordamiento del espíritu festivo de los caleños estimulado por los organizadores de los eventos y festejos en los barrios de la ciudad, centros nocturnos, discotecas, etc., para quienes dichas actividades también hacen parte de la reactivación económica, no obstante los controles policiales encabezados por el alcalde Ospina y las declaraciones de la ex gobernadora del Valle y coordinadora del Comité de expertos en salud del Departamento la médica Francisca Toro, quien en reciente entrevista manifestó que “hay que seguir reabriendo de a poco la economía”.
En columnas anteriores hemos señalado que mientras no sea posible aplanar realmente la curva del contagio, no debe abrirse totalmente la economía ya que este asunto no puede ser resuelto a partir de los deseos de los gobernantes que están obligados a defender no solo la vida de las personas sino el interés general de todos los ciudadanos, de la mano del conocimiento científico y técnico, a fin de poder medir que tanto y cuándo se debe autorizar la apertura económica para lo cual es menester contar con la forma como evoluciona la pandemia en el marco de las condiciones concretas y objetivas de su crecimiento y expansión para poder prever y prevenir sus efectos nocivos y letales.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social