María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Colombia ha sido testigo de la crueldad y sevicia a la que han sido sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes.
Los titulares de prensa sobre casos de maltrato, abuso y violencia se han vuelto una constante a la que el país no puede acostumbrarse.
El caso más reciente fue el de María José Ortega, una niña de seis años de edad que encontraron sin vida en un caño del suroccidente de Barranquilla. El victimario, como en la mayoría de los casos, sería uno de sus familiares más cercanos.
Tan solo una semana antes, otro crimen sacudió al país.
Emely Suleine Rivera, de solo 11 años, fue raptada, torturada y asesinada. Su cuerpo desmembrado fue abandonado en la puerta de su vivienda en Santander de Quilichao, Cauca.
Hacer un recuento de los actos violentos en contra de nuestra niñez no los traerá de vuelta, pero sí pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de proteger a nuestros niños de toda forma de violencia física o sicológica.
El panorama es preocupante. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de 2019 registraron 213 homicidios de menores de edad del país. El Valle del Cauca, con 54 casos, es el departamento que más muertes violentas registró.
En violencia intrafamiliar, el instituto forense registró 3.317 casos. De esos, las víctimas de 1.710 eran mujeres y 1.600, hombres; pero todos tenían menos de 17 años de edad.
Por presunto delito sexual, el registro de denuncias fue de 7.141 casos; 1.103 ocurrieron en Bogotá; 828, en Antioquia, y 607 en Valle del Cauca.
Entre enero y marzo del año en curso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió 1.406 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes; todos fueron víctimas de violencia física o psicológica.
Eso significa que en el primer trimestre de 2019, el ICBF atendió 16 casos por día, y el maltrato fue la principal causa de denuncia.
La consigna del Gobierno del presidente Iván Duque frente a esta situación de violencia es clara: debe haber sanciones ejemplarizantes para quienes cometan actos deleznables contra los niños.
En ese orden, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 038 de 2019 Senado, iniciativa cuyo autor es el Gobierno, que busca que todos los delitos sexuales contra niños vayan obligatoriamente a la justicia ordinaria, sin ningún tipo de concesión, y NO a una especial como la JEP. Se trata de una reforma normativa constitucional que modifica el artículo 44 de la Constitución Política:
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.
Hay que reafirmar que los aberrantes delitos contra los niños no pueden ser conexos al delito político y tienen que ser investigados de manera prioritaria por la justicia ordinaria. Pero que no sea retroactivo el acto legislativo no significa que se olvide que más de 6.000 niñas sufrieron todo tipo de vejámenes por parte de cabecillas y militantes de las Farc según información de la Fiscalía General de la Nación. De ahí la importancia de que los victimarios reconozcan y resarzan el daño irreparable para la dignidad e integridad de la niñez.
Con el argumento de defender un acuerdo de paz no se puede excusar, olvidar ni dejar impune el sometimiento, maltratos y vejámenes de los que fueron víctimas nuestros niños. Que denuncien los afectados y actúe la justicia.