Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
los ciudadanos en general terminan como se dice en el argot popular “pagando los platos rotos” de lo sucedido con el patrimonio público
En el tratamiento y eventual solución de los problemas que se presentan en las ciudades del país y en particular en Cali en donde han resultado afectados directa o indirectamente los intereses de la comunidad, es frecuente observar como las autoridades municipales se conforman en la práctica con imponer una serie de medidas sancionatorias que por lo regular no tienden a conjurar las causas que los generan ni a superar los obstáculos que impiden el normal funcionamiento de la actividad social y de la administración, de manera que todo se reduce a tratar los problemas con sanciones y paliativos, cuando no es que los ciudadanos en general terminan como se dice en el argot popular “pagando los platos rotos” de lo sucedido con el patrimonio público, no obstante que la responsabilidad individual o colectiva se deduce de los hechos concretos imputables a las personas o grupos involucrados con los mismos y no con la de los ciudadanos en general que nada tuvieron que ver con tales hechos.
Es el caso de lo sucedido con los actos de violencia y barbarie cometidos por un grupo de vándalos que hacen parte de las denominadas “barras bravas” y de sus dirigentes que los utilizan como fuerza de choque contra sus adversarios en el campo deportivo. Que la política del alcalde Armitage ha sido la de invitar a los integrantes de dichas barras a comportarse dentro de los límites de la paz y la convivencia social, no deja de tener un carácter loable y ejemplarizante, solo que como primera autoridad del municipio está en la obligación constitucional y legal de garantizar con el apoyo de la fuerza pública el orden en la ciudad, en donde de tiempo atrás se vienen presentando hechos de violencia al interior y por fuera de los escenarios deportivos, que en este caso debieron preverse y prevenirse dados los antecedentes y circunstancias que rodean este tipo de situaciones de público conocimiento, que no pueden tolerarse desde ningún punto de vista, ni tampoco dejarse a la buena voluntad y disposición de los hinchas y de los organizadores deportivos, tal como ocurrió recientemente con los hechos de violencia suscitados dentro y fuera del estadio Pascual Guerrero entre las barras bravas del deportivo Cali y del América, hechos estos que han llevado a las autoridades deportivas y al propio alcalde a tomar una serie de medidas administrativas, judiciales y deportivas, que van más allá de los límites de sus competencias directas y que en buena parte afectan al común de los ciudadanos, hinchas, periodistas, organizaciones radiales, televisivas, etc., que en ningún caso tienen responsabilidad por lo acontecido en medio de la competencia deportiva.
nuevas tasas, contribuciones y disponiendo de los recursos públicos de destinación específico, como multas de tránsito para financiar a los operadores del MIO
Un ejemplo más de lo que sucede con los problemas de la ciudad y de sus habitantes es la forma como las autoridades municipales asumen su responsabilidad política y administrativa en el manejo de otros asuntos públicos de interés general, como son los de garantizar el transporte masivo y la movilidad en la ciudad descargando sobre los ciudadanos todo el peso del fracaso del MIO, creando para tal efecto nuevas tasas, contribuciones y disponiendo de los recursos públicos de destinación específico, como multas de tránsito para financiar a los operadores del MIO, convertido en un barril sin fondo que en estas circunstancias no tiene posibilidades de salir a flote.
Así mismo sucede con las empresas municipales de Cali EMCALI la otrora compañía más importante del sur occidente colombiano, hoy en poder de la municipalidad después de trece años perdidos bajo el control de la Superservicios y funcionando actualmente a media marcha y sin ningún rumbo definido, mientras tanto la competencia se apropia del mercado y de sus usuarios que finalmente tendrán que pagar los costos de la privatización de los servicios públicos en favor de alguna multinacional.
Desde la Veeduría que representamos hacemos un llamado a las organizaciones sociales hoy aletargadas con el peso de los acontecimientos, para que se unan, se movilicen y luchen por una nueva perspectiva de ciudad en donde hoy existe una calma aparente que conduce a los caleños a la pasividad, al fatalismo y a la pérdida de la iniciativa que siempre han caracterizado a sus habitantes dispuestos a construir un futuro promisorio en paz, con justicia social, progreso y bienestar general.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social