Editorial
En el documento marco fiscal del mediano plazo que el gobierno nacional (Ministerio de Hacienda), donde presenta el marco fiscal del mediano plazo con cinco proyecciones, no descarta una moratoria en los pagos de la deuda externa, lo cual es muy grave y se presenta por primera vez en los últimos años, especialmente desde que existe el autónomo Banco de la República, así como también el gobierno nacional no descarta las intenciones de no acudir al Banco la República para eventuales préstamos.
Indudablemente que el déficit fiscal creció y seguirá creciendo y llegará en el año 2020 al 8.2% del PIB, es decir en este caso hemos tenido mayor necesidad de gasto público que los recaudos que proyecta el gobierno a través de DIAN. Adicionalmente la deuda pública de las entidades territoriales (alcaldías municipales y gobernaciones), la proyecta el gobierno en déficit en el 9.2% luego este va a superar los $90 billones en el año 2020. Y en el año 2021 el marco fiscal de mediano plazo de Minhacienda observa un déficit fiscal del 6.1% del PIB, para llegar finalmente en un escenario optimista al 2% en el 2022.
El déficit fiscal que es la disminución de los ingresos (tributos del gobierno que recauda la Dian), observa como la pandemia ha afectado los ingresos rentísticos del gobierno, pero también los ingresos petroleros, hecho que ha obligado al gobierno a solicitar créditos internacionales, lo que pone la economía en un estado crítico y que podrían alcanzar una cifra superior al 65% del PIB, muy por encima de la línea límite que la banca internacional tiene para ejecutar los préstamos a países con deudas superiores al 40%.
Entre el marco fiscal del mediano plazo se proyecta crecimiento en los años 2021 y 2022 del 6%, pero una caída en el 2020 de 7.8%, una de las menores de Latinoamérica. Por ello ya se habla oficialmente de la necesidad de nuevos recaudos a través de una reforma tributaria del 2% del PIB, y que supera los $20 billones, donde se esperan vender bienes del Estado por $12 billones. Podría ser el caso de Ecopetrol y de ISA.
El gobierno está en la dicotomía de seguir subsidiando, que ha sido el elemento fundamental de la emergencia económica y social por este coronavirus, y podría buscar parte de los subsidios al desempleo y a la pobreza que superan los $90 billones, orientarlos para crear empleos formales. Pero esto tiene un costo político y social muy alto, hasta el punto de que la oposición radical pueda ganar las elecciones y allí el modelo económico se hace inviable.
El problema de Colombia es su economía informal, con una tasa de desempleo que se acercan 20% y que en Cali ya llegó al 23%, se ha desindustrializado y la importación en alimentos cultivables es del 30%, con un ingreso de dineros del narcotráfico muy alto y que estabilizan el valor del dólar. Empieza de nuevo la dicotomía si se gravan empresarios (empresas) más IVA al consumo, a los empleados, a los jubilados, etc.
Seguro tendremos reforma tributaria y se venderá Ecopetrol e ISA?