Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde algunos centros de pensamiento, gremios empresariales y del gobierno del presidente Duque, se ha creado la percepción de que el país tiende a recuperarse de la crisis económica y sanitaria con la reactivación de la economía que hoy, según se dice, avanza rápidamente augurando un mayor crecimiento y desarrollo en comparación con años anteriores.
Al respecto, el Banco de la República ha pronosticado que para este año 2021 el crecimiento de la economía será del 9.8% lo que hará reducir la tasa de desempleo que está en un 12.1%, de acuerdo con los cálculos del gobierno, pero que puede bajar aun más en los próximos meses.
No obstante lo anterior, los colombianos en su gran mayoría consideran que “las cosas en el país no van bien” en la medida en que se ha incrementado la pobreza en vastos sectores de la población pertenecientes a las clases populares y medias, que hoy se quejan además del aumento de la corrupción, la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la canasta familiar, en tanto persiste la incertidumbre ante la posibilidad de que se presente un nuevo pico de la pandemia del COVID-19 con la reproducción de nuevas variantes de la enfermedad que amenaza a los sectores más vulnerables de la sociedad.
A todo lo anterior se suma la percepción que se tiene sobre la mala calidad de la educación y de la salud, el tratamiento inadecuado de la población adulta y de la juventud entre otros aspectos.
Como podrá observarse, dicha situación contrasta con la visión optimista de quienes representan a los sectores económicos y sociales que tradicionalmente concentran la mayor parte de la riqueza social e incluso se han aprovechado de la crisis económica y pandémica para obtener pingues ganancias con la adquisición de nuevos activos y la valorización de sus acciones en el mercado bursátil.
En tales circunstancias el país enfrenta una paradoja que ha llevado a las fuerzas políticas que aspiran a continuar en el poder del Estado a plantear una serie de reformas con las cuales se busca ocultar el viejo rostro del capitalismo en su versión neoliberal o populista de derecha o de izquierda, para con ello apaciguar los ánimos del pueblo en general fácilmente manipulable en época electoral con toda clase de promesas de cambio social, con las cuales se maquilla la esencia explotadora del régimen que no solo utiliza las reformas sino que plantea incluso la posibilidad de una tercera vía, que según se afirma no es capitalista ni socialista y con la cual se lograría la paz social y la colaboración entre las clases, garantizándose con ello la aplicación de aquellos principios liberales y socialdemócratas enmarcados dentro del Estado de Derecho y del bienestar general como uno de sus principios rectores.
Si bien es cierto los colombianos deben enfrentar toda clase de riesgos y dificultades en medio de la violencia y la polarización, en esta oportunidad no podrán equivocarse, por ejemplo, absteniéndose de participar en el debate electoral o reeligiendo a los integrantes de la vieja y de la nueva dirigencia política que aspiran a reproducirse en el poder, en tanto que la sociedad requiere de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que permitan avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria con la cual sueñan los colombianos.
En estas circunstancias difíciles para el país, los colombianos más que defender a ultranza la Constitución de 1991 desvertebrada con 59 reformas y contrarreformas de carácter antidemocrático y antipopular, deben exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de aprobar un nuevo estatuto constitucional que pueda ser utilizado como un instrumento político jurídico para crear las condiciones económico materiales que garanticen los derechos económicos y sociales de los ciudadanos conjuntamente con el ejercicio de la democracia participativa y decisoria a todos los niveles de la vida social y del Estado, limitar las funciones de los órganos ejecutivos; revocar el mandato de los Congresistas y del Presidente de la República; lograr que la educación, la salud y los servicios públicos dejen de ser un negocio; conseguir que los recursos provenientes de la inversión extranjera se destinen a promover la industrialización del país, el empleo, el crecimiento y el desarrollo económico; garantizar la descentralización económica y financiera de los entes territoriales utilizando para ello la mayor parte de los ingresos recaudados en sus territorios para el fomento de la inversión social y de la infraestructura; no gravar con impuestos indirectos los bienes y servicios de la canasta familiar; hacer que la prestación del servicio de justicia sea gratuito, y que los ciudadanos puedan participar en la escogencia de los jueces a cierto nivel de la administración de justicia; recuperar la iniciativa del Congreso en la determinación del gasto público y no autorizar al ejecutivo para endeudar a la nación sin su consentimiento; reformar la estructura de la junta del banco de la República con el fin de democratizar sus funciones; convenir en que la explotación y manejo de los recursos naturales no se haga en detrimento de la soberanía económica y política de la nación ni que afecte el medio ambiente, la salud y la producción de alimentos; que se promuevan la ciencia y las nuevas tecnologías por el Estado destinándose en el presupuesto un porcentaje suficiente para tal efecto; autorizar que las campañas electorales sean financiadas por el Estado; realizar una reestructuración de la fuerza pública conforme a los principios del Estado Social y Democrático de Derecho; otorgar representación a la mujer en igual proporción a la de los hombres en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad; crear las condiciones y oportunidades para garantizar a la población en general la posibilidad de superarse independientemente de su condición social, racial, étnica, de género, de edad, etc., y promover la cultura, valores y principios reconocidos universalmente con arreglo a las condiciones, circunstancias y características particulares de nuestra idiosincrasia, entre otros aspectos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social