Redacción
El producto interno bruto de Uruguay al cierre del 2021 creció el 4.4% con respecto al 2020, con una recuperación de la situación económica asociada con el covid y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos, crecimiento generalizado en todas las entidades destacándose en su incidencia en comercio, alojamiento, suministros de comidas y bebidas e industria manufacturera.
Comercio, alojamientos y suministro de comidas y bebidas creció el 7%, la industria manufacturera un 6.7%, la construcción 6%, las actividades profesionales y de arrendamiento 5.2%, el sector agropecuario, pesca y minería un 5% y los servicios financieros un 5%.
Hubo un crecimiento en la demanda interna cómo la externa, por el mayor consumo de los hogares y el gobierno.
La externa se recuperó con un crecimiento del 14.4% en las exportaciones y el 20.9% en las importaciones respecto al 2021. El PIB proyectado por el gobierno era de 3.5% y se dio el 4.5%, es una recuperación post pandemia.
Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per-capital y por los bajos nivel de desigualdad y pobreza. En término relativo, su clase media en la más grande de América y representa el 60% de la población. Existe una amplia red de protección social, un sistema de salud fuerte con cobertura universal, así como niveles de formalidad laboral y de bienestar social comparativamente favorables.
Por eso el problema de la pandemia tuvo un costo menor que otros países. Uruguay tiene un sólido pacto social, que sustenta el camino hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida, que el país ha transitado, tiene una fuerte vocación de materia de protección social. Históricamente las políticas sociales inclusive se han enfocado en ampliar la cobertura de los programas, por ejemplo alrededor del 90% de la población de más de 65 años y está cubierto por el sistema de pensiones, este es uno de los coeficientes más altos en América latina y el Caribe junto con Argentina y Brasil.
El país está en una fase avanzada en la transición demográfica y está en proceso de reformar su sistema de seguridad social que en la actualidad genera altos costos fiscales, a pesar de que comparativamente está bien en el contexto latinoamericano, persisten importantes disparidades en término de edad, sexo, región, ascendencia que podrían haberse profundizado después de pandemia. Igualmente hay un fuerte desempeño institucional en otras áreas tales, como la confianza en el gobierno, la escasa corrupción y un enfoque político basado en consensos, así como un gran compromiso para fortalecer los arreglos institucionales, le da al país una base firme sobre la cual continuar renovando su contrato social y establecer políticas para atacar las limitaciones actuales.