Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En las condiciones actuales del mundo capitalista globalizado los trabajadores asalariados se sienten cada vez mas amenazados de perder sus empleos, además de ser objeto de una mayor explotación económica.
Ahora bien, con ocasión del centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo OIT, se ha dicho que con la globalización los trabajadores han quedado desprotegidos, siendo necesario crear nuevas empresas y formas de trabajo protegido para lograr una “garantía laboral universal”, que permita asegurar la libertad sindical, la negociación colectiva y la seguridad y salud en el trabajo, un salario vital y móvil adecuado a sus necesidades y un horario máximo de horas laborales; además de garantizar la equidad de género, los derechos de los trabajadores del campo y la necesidad de implementar modernas tecnologías encaminadas a crear nuevos puestos de trabajo, que gocen de la protección de la institucionalidad, encargada de la regulación laboral, como única vía para garantizar “el trabajo decente con equidad, seguridad e igualdad”.
Mientras tanto en el mundo real de la competencia global y de la división cada vez mayor del trabajo, a los trabajadores se les restringen sus derechos y los mas fervientes defensores de las políticas neoliberales abogan para que se reduzcan los salarios e incluso se establezca una especie de “salario mínimo universal”, que debería ser definido entre los Estados capitalistas en los tratados internacionales, tal como sucede con los acuerdos que sobre esta materia han suscrito inicialmente USA, Méjico y Canadá.
No obstante lo anterior y en vista de que las políticas neoliberales han puesto en riesgo la estabilidad macroeconómica de los países, generando mayor inseguridad y desigualdad social, algunos dirigentes políticos partidarios de conjugar la libertad de empresa y de mercado con la regulación estatal, proponen que el Estado intervenga en la economía, adoptando las recetas de la Ocde, el Banco Mundial y el FMI, siendo partidarios de realizar no solo acuerdos con los grandes monopolios transnacionales sino con aquellas organizaciones sindicales proclives a conciliar los intereses de los trabajadores con el gran capital financiero nacional e internacional, que de entrada plantea la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales y de impulsar nuevas formas de trabajo tercerizado e informal sin un salario estable y duradero casi siempre por debajo del mínimo vital con el cual deben sobrevivir los trabajadores.
Por otra parte habrá que decir que Colombia no es ajena a dicha problemática, en donde ya existen trabajadores y empleados sin salario fijo que fueron despedidos de sus empresas o del Estado y que tienen que subsistir realizando oficios varios, de los cuales derivan sus ingresos inferiores a un salario mínimo.
Al respecto vale decir que en la actualidad en Colombia de los 22.1 millones de personas ocupadas en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 9,46 millones es decir, el 43% están subempleados y poseen un trabajo de mala calidad, en tanto que desde las asociaciones gremiales y las cámaras de comercio se afirma que en el último año se han creado miles de nuevas empresas (350 mil aproximadamente), mientras que crece el desempleo y el subempleo, lo cual constituye una verdadera paradoja que algunos economistas consideran, obedece en gran medida a la práctica de evadir el pago de ciertos impuestos en especial de aquellos derivados de los dividendos recibidos por las personas naturales y que como se sabe en ningún caso contribuyen a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Con la aprobación y entrada en vigencia de las leyes de financiamiento y del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno del presidente Duque aspira a que se creen nuevas empresas, que por lo demás gozan de jugosas exenciones, deducciones y reducción del impuesto a la renta, las cuales deberán tener como objetivo incrementar la oferta de trabajo para enfrentar el desempleo y la informalidad, que son dos fenómenos recurrentes, para lo cual se plantea la necesidad de introducir al proceso de la producción de bienes y servicios modernas tecnologías, con el fin de hacerla mas productiva y competitiva, lo que presupone enganchar trabajadores calificados, cuyas oportunidades para capacitarse son mínimas en comparación con las existentes en los países desarrollados.
En estas circunstancias el presente y futuro del trabajo y del empleo estable y duradero no deja de ser mas que una ilusión, en tanto que las causas reales del desempleo y la informalidad, hay que buscarlas en la insuficiente demanda de bienes y servicios que no pueden adquirirse por los consumidores debido a la decreciente pérdida de su capacidad de compra derivada a su vez de la pérdida del valor del salario, lo que genera una reducción significativa en la producción de bienes y servicios y por ende una disminución de la actividad laboral que conlleva a incrementar el desempleo, agravado con el aumento de los precios, impuestos, tarifas de los servicios públicos, el carácter cíclico de la producción, la inflación y la puesta en marcha de las nuevas tecnologías, que en esta etapa de la revolución digital, de la automatización y la robótica destruye el trabajo de miles de trabajadores.
De esta situación no podrá sustraerse nuestro país agravada por la exacerbación de las contradicciones y conflictos sociales que afectan la vida económica de los colombianos y debilitan el accionar político de las clases dirigentes en el manejo de los asuntos del Estado y de la sociedad, circunstancia esta que no podrá superarse con la aprobación de ciertas reformas de las relaciones en este caso laborales, encaminadas a “dignificar el trabajo” e incrementar el empleo, tal como lo afirma la ministra del ramo, mientras que desde las alturas del poder se defienden los intereses del gran capital financiero nacional e internacional, resultando de esta manera imposible favorecer los intereses de los colombianos que viven de su trabajo y a quienes el Estado les da un trato desigual en función de su situación económica y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social