Editorial
Es una realidad, las empresas de servicios públicos de Colombia , generación, distribución y comercialización, han abusado de sus usuarios, en corrupción, despilfarro administrativo, sobrecostos, desorganización y burocracia , por ello, el Presidente Petro ha tomado la decisión de no seguir delegando sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos y está estudiando la forma de disminuir las tarifas de energía que el año anterior aumentaron muy por encima de la inflación el 22.40%.
Así pretende bajar el costo de vida de los colombianos, que hoy enfrentan la inflación con el aumento de los precios en los alimentos y los servicios públicos. La decisión de Gustavo Petro de recurrir a la facultad de tomar las comisiones de regulación de los servicios públicos es constitucional y contemplada en la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos—, es su facultad de intervencion es peligrosa y necesariam primero por la confiabilidad que se ha venido construyendo de cara al mercado internacional, también para la calidad de los servicios que reciben los colombianos, pero también para que lo publico se maneje bien.
La CREG (Comisión de regulación de energía y gas), en su más reciente comunicado de prensa, pidió al Gobierno continuar con una conducta ajustada a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y de empresa, pues ” los organismos reguladores deben tener una naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas imparciales, consistentes y técnicas”, y eso lo debe lograr el presidente Petro , escuchando a los directivos de las empresas , a los sindicatos y a la misma CREG
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, se unió a la discusión sobre la pertinencia de que el Presidente Gustavo Petro asuma, temporalmente, la regulación de los servicios públicos, en especial, la de energía eléctrica con el fin de buscar salidas a las altas tarifas que se están registrando. “Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos, al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, advierte. Pero igualmente han debido pronunciarse por decenas de años de los males señalados.
Empresarios y actores del sector han manifestado su preocupación, por cuenta de las decisiones que se podrían tomar el presidente de la republica. Señalan que esta incertidumbre podría llevar a una caída en las inversiones, especialmente de energías renovables que son intensivas en capital y cuya energía es más cara. Eso se minimiza actuando con sensatez , para que cada empresa presente su plan de autoregulación y de administración responsable.
De acuerdo con Nicolás Arboleda, asociado senior de Baker McKenzie, que lidera el área de minas y energía, el alcance de este decreto es muy debatido. En primer lugar, se puede entender que reasume funciones administrativas, con lo que temas como los estatutos y los miembros de las comisiones podrían ser modificados. Sin embargo, otros aspectos regulatorios y de función que han sido asignados por ley, no podrían ser retomados. “Los temas que se hayan fijado por la Ley 142 se tienen que retomar por medio de otra ley, un decreto no tendría la capacidad de retomarlas”, señala, pero para ello, debe el gobierno estar pendiente para avanzar en un adecuado marco normativo.
Este es un tema muy debatido por expertos en el tema, puesto que aspectos como la metodología tarifaria están establecidos en el articulado de la Ley 142, pero el presidente finalmente puede lograr que las mismas empresas bajen sus costos, maximicen sus utilidades y controlen los costos, De esta manera la intervención es positiva, para beneficiar al usuario