Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los niveles de eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos referidos en este caso a la situación que viven los caleños y en particular los habitantes del jarillón del río Cauca ad portas de una eventual inundación, no pueden medirse simplemente con la presencia de los funcionarios en el lugar de los hechos y al momento de sucederse los mismos, sino con la puesta en práctica de un conjunto de medidas preventivas y ejecutivas tendientes a preservar de manera oportuna, la vida, la salud e integridad de las personas en inminente riesgo derivado del cambio climático que viene ocurriendo en la ciudad de Cali, calificada como una de las seis urbes con el mas alto riesgo de sufrir una grave inundación proveniente de la creciente que acompaña al rio Cauca.
Lo grave de todo esto es que EMCALI ni el municipio están prestos a utilizar los recursos de que disponen para atender adecuadamente dicha emergencia, en tanto si se proyectan realizar varias obras entre ciclo vías, puentes, construcción de vías en diversos puntos de la ciudad, acudiendo para ello al endeudamiento con el sector financiero, al que generalmente se termina pagándole por concepto de intereses y financiación de la deuda, valores que superan con creces el préstamo inicial que se ejecuta por fuera del mandato del alcalde de turno.
De ahí que sorprende la actitud asumida por el alcalde Armitage, mas preocupado por contratar una serie de obras que si bien es cierto las necesita la ciudad no son prioritarias en este momento, existiendo de por medio grandes riesgos de inundación de vastos sectores cuyos habitantes deben ser el centro de la atención y de las decisiones del burgomaestre de turno, en un momento en que todo el país se moviliza y solidariza con la población que sufre los embates de la naturaleza y que por supuesto constituye el problema de mayor importancia y atención para las autoridades, por encima de los programas previstos en el Plan de Desarrollo “Cali progresa contigo”, que resulta mas afín con los intereses de urbanizadores, constructores y negociantes de propiedad raíz interesados en la construcción de ciertas obras urbanísticas y de infraestructura vial y a quienes nunca se les cobra la plusvalía consagrada en la ley.
La función de la administración no solo debe ser la de ejecutar obras sino de prever y prevenir la ocurrencia de los riesgos que de antemano se pueden evitar, frente a los cuales el conocimiento y la experiencia práctica e histórica son elementos que sirven de guía para actuar desde un principio y no a última hora tal como ha sucedido con los desastres de Mocoa y de Manizales, cuyos gobernantes tendrán que responder ante las autoridades judiciales por su ineficiencia e incapacidad para prever, prevenir y mitigar en lo posible los daños que se pueden generar por causa de la naturaleza.
Así las cosas, lo menos que se puede hacer en procura de enfrentar los problemas del momento presente y del futuro inmediato es el de acometer una serie de obras de canalización de las quebradas, por donde corren las aguas lluvias y residuales, la reforestación de las cuencas hidrográficas de los ríos tutelares de la ciudad y la reubicación de las familias que habitan sectores de riesgo por deslizamientos e inundaciones, lo cual debe contar con los presupuestos adecuados para atender dichas calamidades con las cuales debemos convivir en las actuales circunstancias que nos depara la naturaleza.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social