María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Una minga inoportuna e irresponsable, así puedo definir la movilización que protagonizaron los cerca de siete mil indígenas que llegaron en caravana hasta Bogotá para hacerle un ‘juicio político’ al presidente Iván Duque. Un despropósito, más si se tiene en cuenta que no sólo estuvieron en el Cauca siete ministros en diálogo con ellos, sino que el gobierno ha cumplido con más del 80% de los compromisos que había adquirido.
La protesta es válida, y es un derecho constitucional que le asiste a todos los colombianos; lo que no se puede validar ni aplaudir es que esas manifestaciones deriven en limitación al transporte y la movilidad, y en vandalismo e incumplimiento de protocolos de bioseguridad ahora en pandemia. Además, que algunos con su afán político electoral sumerjan al país en una agitación social permanente.
Revisemos la situación actual de los pueblos indígenas. Según el Dane, el país tiene 1.905.617 indígenas, los cuales representan el 4% de la población colombiana. Están asentados en 767 resguardos, que cubren 28.9 millones de hectáreas, equivalentes al 25,3% del territorio nacional.
Con relación a los recursos que han sido asignados a las comunidades indígenas, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 2019 y 2020 se han invertido $5.4 billones; un 54% de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018 –2022, así: PGN ($1.4 billones); SGP ($3.9 billones) y SGR ($119 mil millones). En esa línea no puedo dejar de mencionar la inclusión del 96% de las propuestas (320) hechas por los indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en materia de economía, salud, educación, mujer, territorios ancestrales e infraestructura, entre otros.
Lo que duele es que, con esa extensión territorial y las asignaciones presupuestales del Gobierno, la pobreza monetaria sea 59,6%, incluso llegando en algunas zonas al 72,8%. Y en materia de cobertura de servicios públicos, tanto en energía (66%) como en acueducto (41,4%) las comunidades indígenas estén muy por debajo del promedio nacional.
Puntualmente hablemos de los compromisos adquiridos con la minga indígena del Suroccidente. Las inversiones en materia de vivienda superaron los $91 mil millones para la compra de 1.650 viviendas nuevas y 832 mejoramientos; en salud más de $5 mil millones, que permitieron sanear financieramente la EPS indígena del Cauca; y para seguridad se asignaron $198 millones para el fortalecimiento de las guardias indígenas. Otros $580 millones fueron para el empoderamiento de la mujer; $270 millones para la formación en arte y cultura; y más de $25 mil millones para el desarrollo rural, con lo cual se han beneficiado 400 productores en el Cauca. A esto se suman inversiones en educación por $42 mil millones y en ambiente por $5.150 millones para conservación y preservación.
Las problemáticas de los indígenas no son ajenas al gobierno, ni el enemigo es el presidente Duque. El narcotráfico y los cultivos ilícitos, a los que muchos de ellos les abrieron la puerta sin dimensionar que quedarían en medio de las disputas entre grupos armados por la producción y tráfico de droga, así como por la explotación ilegal de recursos, son su mayor problema. La situación es tan grave que, de acuerdo con el último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia, en los resguardos indígenas reposan 14 mil de las 154 mil hectáreas de coca.
Los indígenas tienen el gran reto de mejorar tanto sus condiciones de vida como las de producción lícita en su territorio. Igualmente, de invertir bien y de manera abierta y transparente los recursos que reciben del Estado. Y no olvidar que son varios los departamentos con población indígena trabajadora, deseosa de preservar su cultura, mejorar su bienestar y trabajar coordinadamente con las autoridades. Como bien dijo el presidente Duque, es mejor proponer que protestar.
Hacerle el juego algunos de los líderes indígenas al caos, narcotráfico, violencia e irrespeto a la Fuerza Pública no logra la solidaridad de los colombianos ni el respaldo gubernamental. Hay que construir con el Estado, no destruir con fines electorales.