Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La reforma tributaria aprobada en primer debate en las comisiones económicas de la Cámara de Representados y del Senado de la República, beneficia principalmente al Estado y a los empresarios, en tanto que muy poco lo hace con los trabajadores que perdieron sus empleos o temen perderlos en medio de la crisis económica agravada con la pandemia del COVID-19, de la cual no logra recuperarse del todo el país.
Aunque la reforma actual difiere de aquella que suscitó la protesta social de fines del mes de abril, su objetivo según palabras del Ministro de Hacienda es el de estabilizar las finanzas públicas con el recaudo de más de 15 billones de pesos para cubrir la abultada deuda pública y el creciente déficit fiscal y presupuestal que tiene a la nación al borde del colapso financiero, monetario, derivado del aumento desproporcionado del gasto burocrático y militar, el costo de la deuda pública interna y externa, a todo lo cual habrá que agregarle los gastos generados por la emergencia social ocasionada por la presencia y expansión del COVID-19
Por otra parte, el Estado utiliza los escasos recursos del presupuesto nacional para atender las necesidades e intereses del sector empresarial, comercial y de la economía de los servicios a los cuales les viene otorgando créditos y subsidios que se tramitan a través de la banca privada y pública, dirigidos a la recuperación en principio de la crisis económica y para la cual se utilizan los créditos y las medidas tendientes a disminuir los costos laborales en materia de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales e incentivos atinentes a la contratación de jóvenes y al empleo formal.
Y aunque dichos programas están enfocados a recuperar la economía y el empleo, el hecho real es que este último depende en gran medida de que la población de consumidores recupere su capacidad de compra y con ello la demanda de productos, bienes y servicios, para que a su vez se reanude la producción social y por tanto la necesidad de contratar mano de obra para tal efecto.
De no producirse este hecho los aportes y las ayudas provenientes del Estado no harán el milagro de la reactivación económica ni traerán bienestar económico y social a los colombianos y particularmente a aquellos empresarios pequeños y medianos que son en su mayoría, los proveedores del empleo pero que se quebraron en medio de la crisis con la suspensión de las actividades productivas, los bloqueos y el vandalismo, etc.
Para algunos sectores de opinión, a la reforma no se le debe anexar toda clase de iniciativas tendientes a descargar el peso de las obligaciones en cabeza del Estado, reduciéndose así su capacidad para enfrentar la crisis, especialmente en tratándose de una reforma que no tiene un carácter estructural, lo que implica que el próximo gobierno tendrá que presentar un nuevo proyecto de reforma conteniendo un mayor ajuste fiscal, que seguramente no será aceptado por los distintos gremios empresariales, prorrogándose de esta forma los efectos nefastos de la crisis económica que traerá mayor desempleo, pobreza y desigualdad social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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