Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El tema de la reforma tributaria se ha convertido en el centro del debate no solo en las comisiones del Congreso de la República sino en diversos sectores económicos y políticos que consideran que si bien es cierto, la reforma contiene varios elementos importantes como por ejemplo, la reducción de las exenciones, también impone algunos impuestos corporativos que afectarán al sector bancario y de los hidrocarburos, además de algunas alzas en los alimentos procesados, bebidas azucaradas, empaques de plástico, plataformas digitales, que afectan la denominada “economía popular”. A todo lo cual debe sumársele el incremento en los servicios públicos, arrendamientos, peajes, multas, generándose con ello una gran contradicción con la propuesta del gobierno de aliviar la situación de cientos de miles de colombianos que hoy padecen los rigores de la pobreza, el hambre y la desigualdad social.
Dicho proyecto titulado “reforma tributaria para la equidad y la justicia social” le carga la mano a las personas naturales que devengan sus ingresos del trabajo asalariado, informal o independiente, con el cual cubren sus gastos personales y familiares en educación, salud, recreación, alimentación, vivienda, etc.; ingresos estos que no son producto de la explotación económica del trabajo ajeno que se manifiestan bajo la forma del gran capital, las ganancias y dividendos obtenidos por los propietarios de los medios fundamentales de la producción, lo que debe constituir la base de la tributación y no como sucede en la actualidad, con la ley que determina tasas y tarifas iguales respecto de las rentas de capital como de las rentas de trabajo que debieran quedar exentas en aras de una mayor justicia y equidad social y tributaria.
La propuesta del gobierno de gravar con impuestos a los más ricos del país para lograr así una mayor distribución de los ingresos y de la riqueza social, tiene en la actualidad como su mejor exponente al afamado economista Tomas Piketty, autor del libro “el capitalismo del siglo XXl”, para quien las ganancias de los capitalistas son superiores al crecimiento de la economía en su conjunto y traen consigo una mayor concentración de la riqueza que a su vez conduce a una mayor inequidad y desigualdad social, lo que se puede remediar con la adopción de políticas fiscales encaminadas a grabar con impuestos dichas ganancias y las herencias de los sectores más pudientes a nivel global.
La experiencia práctica e histórica son demostrativas de que con la simple decretación de nuevos impuestos o de alzas en las tarifas de los ya existentes no se impedirá la acumulación de la riqueza en pocas manos, en tanto que los grandes monopolios nacionales y transnacionales trasladan a los consumidores a través de los precios de los productos, bienes y servicios que se adquieren en el mercado, lo que pagan por concepto de dichos impuestos, además de gozar de toda clase de exenciones, deducciones, franquicias, subsidios, etc., lo que no es óbice para no pagar la totalidad de sus impuestos, amén de la posibilidad de evadir su pago trasladando sus ganancias a los paraísos fiscales como viene sucediendo en Colombia con algunos sectores económicos y con vínculos en la actividad política contemporánea.
Mientras tanto se grava con tasas y tarifas iguales a grandes empresarios como a pequeños y medianos, generándose con ello una gran inequidad en materia tributaria.
Ahora bien, el hecho de que algunos empresarios y personas naturales acaudaladas estén dispuestos a pagar mayores impuestos, no significa en modo alguno que el gobierno podrá garantizar material y realmente los derechos económicos y sociales de las clases y sectores sociales que se han venido empobreciendo, mientras que crecen los gastos del Estado y la deuda pública generando un enorme déficit fiscal que afecta directamente la inversión social en salud, educación, vivienda, saneamiento básico ambiental y demás servicios públicos que no podrán atenderse debidamente con el aumento de las nuevas tasas impositivas y los nuevos impuestos establecidos con el proyecto de reforma tributaria.
No sobra agregar que el presidente Petro no podrá intervenir directamente en la política monetaria, cambiaria y crediticia, la cual es definida por la junta central del Banco de la República, que tan solo puede ordenar cupos de crédito en favor del Estado tratándose de operaciones financieras de mercado abierto que le permiten al gobierno emitir bonos que se colocan en el mercado con los cuales se comprometen los ingresos y la capacidad de endeudamiento de la nación tal como ha sucedido con graves repercusiones en la economía del país.
A lo anterior se suma la posibilidad de que a nivel global se entronice una nueva recesión económica que con la inflación, no solo retarde el crecimiento y desarrollo económico sino que se creen nuevas dificultades para recaudar los impuestos calculados durante los 4 años del período presidencial.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social