Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con el crecimiento inesperado del 10.6% de la economía nacional dado a conocer oficialmente por el DANE para el año 2021 y frente al desplome del 7.1% del PIB en el año 2020, se ha creado una gran expectativa en torno a las posibilidades de regresar a los niveles de crecimiento y desarrollo que se vivieron durante la etapa de la prepandemia.
No obstante, hay quienes consideran que dichos avances solo hacen parte de una simple posibilidad que está lejos de convertirse en realidad dadas las condiciones económicas y políticas del país, que se repiten de tiempo atrás y que con la crisis económica y pandémica del COVID-19 se agravaron sustancialmente, incrementándose aún más la pobreza y la desigualdad social.
La idea de que el presidente electo continue con las políticas del gobierno nacional con algunas modificaciones en lo que corresponde a la reactivación económica, no es algo descabellado ni hipotético, ya que estas hacen parte de la misma política que se viene aplicando en favor de determinados sectores y grupos económicos y políticos asociados con el Estado contratista para la obtención de jugosas ganancias que se reparten entre sus beneficiarios a todos los niveles de la administración pública.
Por lo pronto debe señalarse que existe gran preocupación e incertidumbre sobre el presente y futuro del país, a pesar de haberse recuperado parcialmente la economía nacional a partir del último trimestre del 2021. Todo ello debido a los efectos de las crisis económica y pandémica que dejaron sin empleo a miles de trabajadores hombres y mujeres que hoy no tienen la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo y de otros que temen perderlos, lo cual es aprovechado por algunos empresarios para contratar nuevo personal con salarios de hambre, muchos de ellos por debajo del mínimo vital como sucede con los trabajadores del campo.
A lo anterior se suma que la inflación interna y la externa elevó los precios de los bienes y servicios principalmente de los alimentos en una proporción inusitada, incrementando el costo de la canasta familiar y en general de los insumos y materias primas que requiere el país para la producción nacional.
Debe decirse que las propuestas electorales de algunos de los precandidatos a la presidencia de la república no tienen en cuenta las condiciones reales del país y por tanto no dejan de ser más que posibilidades abstractas y formales.
En la actualidad es menester guiarse por las posibilidades reales en tanto que las formales únicamente tienen sentido cuando contribuyen a que se manifiesten aquellas, lo cual no es el caso de la economía colombiana cuya reactivación no cuenta con las condiciones objetivas ni subjetivas para asegurar su continuidad y ascenso, de tal manera que en el corto y mediano plazo se puedan afrontar los graves desafíos de una sociedad sumida en la creciente pobreza e informalidad, mientras que cada vez se concentra la riqueza social en manos de los monopolios y se centraliza el poder político en asocio con el Estado constituyéndose poderosos gobiernos corporativos respaldados por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial que recomiendan todo tipo de reformas que lejos de procurar la igualdad y la equidad, tienden a incrementar la explotación económica del trabajo e imponer políticas sociales basadas en el asistencialismo mendicante para los sectores mas vulnerables de la sociedad, bajo la forma por ejemplo, de la denominada renta universal, al tiempo que recomiendan exonerar del pago de los parafiscales a las empresas lo que tendrá que cubrirse al igual que el monto de las pensiones, con los recursos del presupuesto nacional que implica la aprobación de una nueva reforma tributaria mediante la cual se obligue a pagar los impuestos y demás gravámenes a todos los colombianos independientemente de su situación económica y social.
Dichas recomendaciones forman parte del recetario de políticas que seguramente se convertirán en realidades con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto del presente año, manteniéndose de esta forma la dependencia económica del país al gran capital colocándolo en desigualdad de condiciones frente a otros países del mundo capitalista globalizado.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social