Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El fantasma de la crisis institucional recorre el país generando un ambiente de inseguridad y de conflicto que impide que las fuerzas políticas logren establecer un acuerdo nacional demandado por el gobierno del presidente Duque el cual se agota en medio de la estrechez conceptual de sus protagonistas, en tanto se acrecienta la polarización ideológica y política que se nutre de la división entre los partidarios de mantener los acuerdos de paz y los que prefieren introducirle toda clase de reformas, con las cuales se alterará sustancialmente su contenido esencial y su aplicación práctica.
Todos estos acontecimientos han suscitado en algunos medios de opinión la idea de que es necesario exigirles a los gobernantes de turno que depongan sus egos y sus ansias de poder y realicen lo que les corresponde conforme a lo establecido en la Constitución y en las leyes de la República, para lograr así impedir que el país se hunda y con el sus instituciones democráticas.
Para otros analistas la cuestión va más allá de los simples debates políticos sobre la situación de debilidad de las instituciones, en tanto que existen muchas inquietudes derivadas de los indicadores de la economía nacional que demuestran que existen razones para preocuparse sobre su estado, ya que los anuncios del gobierno y del banco de la República sobre la recuperación del crecimiento económico no se dieron en el corto y mediano plazo caracterizado por un lento desarrollo, un alto desempleo, un abultado déficit fiscal y de la deuda pública entre otros aspectos, que desde ya colocan a la economía del país en el marco de un contexto muy complejo a partir de la aplicación de las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de financiamiento aprobados recientemente.
La situación de la economía del país no depende por supuesto de la voluntad de las fuerzas económicas y políticas que dominan la sociedad. Dicho proceso se manifiesta cuando en medio de las crisis mas profundas y recurrentes del régimen se presentan índices cada vez más bajos de crecimiento económico y desarrollo social y aumenta el parasitismo de las clases dirigentes, que ya no cuentan con la vitalidad para dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad, lo cual tiende a extenderse e intensificarse acompasado de un proceso de descomposición en todos los niveles de la vida social.
Esta crisis de los de arriba en épocas de conflictos predispone a las fuerzas políticas democráticas a la movilización y a la lucha social.
De otro lado se hace cada vez mas evidente la tendencia a no utilizar las formas y métodos democráticos para resolver los problemas que atañen a la sociedad y al conjunto de los ciudadanos, lo que en la práctica se traduce en una manera de negar la democracia. Así mismo instituciones como la división de poderes dirigida a cumplir funciones separadas por parte de cada una de las ramas del poder público pero colaborándose armónicamente se han desnaturalizado en la medida en que se impone en algunos casos el denominado gobierno de los jueces, en tanto que el órgano legislativo del Congreso aprueba determinadas leyes y reformas constitucionales bajo la presión de los grandes poderes económicos y políticos encarnados en buena parte en el conjunto de los representantes y senadores que integran el Congreso. Circunstancia esta que hace que las normas jurídicas pierdan su carácter representativo y democrático, al tiempo que se otorgan facultades legislativas al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley bajo la figura jurídica de la conmoción interior, que algunos dirigentes políticos vienen auspiciando para resolver el impase con la justicia especial JEP en torno a la extradición del exguerrillero Santrich.
Por otra parte la crisis que afronta el país en materia electoral se refleja en la poca participación de los ciudadanos en los comicios electorales, los cuales se adelantan en medio del soborno, la intimidación y la violencia, tal como sucede en algunas regiones del país y que al parecer se hará mas ostensible en las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas.
No sobra agregar que la concurrencia de diversos partidos y movimientos políticos no constituye de por sí prenda de garantía del carácter democrático del régimen, cuya existencia depende del hecho de que la clase política no es homogénea y sus integrantes pertenecen a diferentes grupos y sectores sociales que se enfrentan en la lucha competitiva por el poder del Estado.
La creación de una nueva realidad demanda de claras acciones de parte de las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el cambio de la vieja realidad, sumergida en una especie de letargo mediatizado por la demagogia, el populismo y el reformismo, tendientes a apaciguar los ánimos de las clases y grupos sociales que luchan por la transformación social de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social