Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La propuesta del gobierno entrante de elevar los impuestos para aumentar el recaudo y así poder atender según se dice, el abultado déficit fiscal y financiar el gasto social, no solo traerá consigo una mayor carestía y disminución de la capacidad de compra de los ciudadanos de bajos ingresos, sino que terminará empobreciéndolos en medio de una sociedad en donde las diferencias entre pobres y ricos son cada vez más profundas. Y de allí que en el concierto latinoamericano nos cataloguen como el país más desigual de la región.
El presidente electo Gustavo Petro en reciente trino se pregunta lo siguiente: ¿“Quién pagará el déficit fiscal en la sociedad?. ¿Quién financiará el gasto que demanda garantizar los derechos fundamentales, para lo cual debemos hacer más progresivo y justo el sistema tributario?”.
Aunque las respuestas a dichos interrogantes encuentran su respaldo jurídico en la Constitución Política que consagra el deber de los ciudadanos de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones que realiza el Estado en el marco de los principios de equidad y de progresividad, lo cierto es que en el país viene haciendo carrera la tendencia de reducir los impuestos a los verdaderos depositarios de la riqueza nacional, al tiempo que se extiende la base gravable a todos aquellos contribuyentes que derivan sus ingresos del trabajo material e intelectual y no de la explotación económica del trabajo ajeno tal como sucede en nuestra sociedad capitalista y que además deberán pagar todo tipo de impuestos para la adquisición y consumo de diversos productos, bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.
Desde ya se insinúa de parte del próximo gobierno, la decisión de ajustar algunas tarifas que se cobrarán por ejemplo a las bebidas azucaradas y a las comunicaciones, las cuales según algunos estimativos, afectarán directamente a todos aquellos sectores de menores ingresos como trabajadores, empleados, estudiantes, etc., quienes además tendrán que pagar el IVA que se suma a dichos consumos y que como se sabe posee un carácter inequitativo y desproporcionado contrarios a los principios constitucionales antes mencionados.
Por otra parte, las propuestas contenidas en la nueva reforma tributaria que se presentará para su aprobación al Congreso de la República, responde en buena parte al interés que tiene el gobierno de intervenir activamente en la economía del país, lo cual demandará de nuevos recursos financieros para atender no solo los problemas relacionados con la creciente deuda pública interna y externa sino con los gastos de funcionamiento del Estado y los de carácter social, además de todos aquellos compromisos que demanda el crecimiento y desarrollo de la economía nacional ligados con los intereses y necesidades del pueblo que exige y reclama un cambio real de sus condiciones económicas y sociales, basado en una nueva distribución de la riqueza social concentrada en manos de un grupo de capitalistas, que en la práctica no pagan los impuestos que deberían pagar y que cuando son obligados a hacerlo trasladan su valor a los precios de los productos, bienes y servicios que ofrecen en el mercado, recuperando de esta manera el capital invertido con los costos y ganancias incluidos.
La propuesta de gravar con impuestos progresivos a las personas naturales con miras a lograr mayores recursos para el fisco nacional y una mejor distribución del ingreso y de la riqueza social no tiene asidero en la realidad, en tanto que ha quedado demostrado que la simple decretación y aplicación de medidas impositivas no detienen el proceso de acumulación y reproducción del capital, al tiempo que dicho proceso hace parte de la lógica del desarrollo del capital cuya función principal es producir las máximas ganancias con el mínimo de costos, lo que conlleva irremediablemente a una mayor apropiación de la riqueza social estimulada por la competencia a la cabeza de la cual se encuentra el capital financiero nacional e internacional correspondiente al capitalismo monopolista de Estado transnacional y globalizado que como se dijo inicialmente no paga en sí la totalidad de los impuestos en tanto que el grueso de los tributos recaen sobre los contribuyentes pertenecientes a los estratos medios y populares como parece sucederá en el caso de aprobarse la nueva reforma tributaria que se pretende sacar adelante con el argumento falaz de que por este camino se abrirá una nueva etapa de progreso y bienestar social, con lo cual se cambiará la vieja cara de la pobreza y de la desigualdad social.
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