Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La política económica en la mayor parte de los países del mundo capitalista desarrollado y emergente se encuentra estrechamente ligada con la situación de crisis general por la que atraviesa el sistema. Este hecho se hace cada vez más evidente a partir del bajo crecimiento de la economía, las recurrentes crisis económicas, las guerras comerciales y la lucha competitiva entre los monopolios a la cual recurren para apropiarse de los mercados de venta y de las fuentes de materias primas, con el fin de expandir su dominación más allá de sus fronteras territoriales.
La política económica de los países capitalistas expresa los intereses de las clases económica y políticamente dominantes y sus formas y métodos dependen de las condiciones y tareas de tal o cual etapa del desarrollo económico y social, el cual viene determinado en general por las relaciones de propiedad privada del capitalismo.
Dicha política se opone en su conjunto a los intereses y necesidades de las clases y grupos sociales que son objeto de la explotación y del deterioro de sus condiciones de vida (pobreza, miseria y desigualdad social); lo que conduce a una agudización de las contradicciones y conflictos sociales.
A pesar de la influencia que ejerce el Estado sobre la economía su acción resulta en la práctica muy limitada debido al carácter aislado de las medidas que se toman, en tanto es imposible planificar la economía a nivel de toda la sociedad.
En la medida en que se acentúa la crisis general y se intensifica la lucha social contra el Estado y los gobiernos de las clases dirigentes, se abren paso las tendencias a no utilizar las formas y métodos de la democracia liberal para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, conformándose en muchos casos con el autoritarismo, el populismo y la demagogia, en lo que puede calificarse como una manera de negar la propia democracia que adquiere un carácter inestable, pero aún así compartida por diversos grupos y sectores sociales que se enfrentan entre sí por la lucha competitiva del poder del Estado, utilizando para ello sus partidos y movimientos políticos en lo que se conoce como la “partidocracia”, que permite el paso del pluralismo al monopartidismo, casi siempre mediatizado por la tecnocracia encargada de garantizar la política del Estado.
En tratándose de la política del Estado colombiano, que por lo demás se vuelve cada vez más dependiente de los dictados de la política económica de la Ocde, se acrecienta por ejemplo, el desequilibrio de la balanza comercial entre las importaciones y exportaciones con países como EEUU con el cual tiene suscrito un tratado de libre comercio -TLC-, que hace más oneroso y dependiente el intercambio de productos, bienes y servicios
Ante dicha realidad, el presidente de FENALCO se pregunta ¿qué está haciendo el gobierno en materia de política pública para que la industria y el comercio tengan un buen comportamiento?
Así mismo algunos economistas y medios de comunicación manifiestan que el gobierno debe disponer cuanto ante antes de un plan contracíclico, que permita encender los motores de la economía para lo cual es necesario estructurar un diálogo y conversatorio con el sector privado y empresarial que no gire en torno a reformas radicales generadoras de desconfianza.
En este caso el debate ideológico y político que defiende el gobierno es el de desarrollar una especie de “capitalismo progresista” frente al cual los gremios consideran que se le debe dar un enfoque técnico a la política económica del Estado estando de por medio sus intereses que aspiran proteger por encima de los intereses generales de la comunidad, encaminado a superar de una parte los efectos de la desaceleración económica y de la otra, a generar la seguridad y la confianza en favor de los inversionistas con miras a aumentar la rentabilidad que garantice las ganancias del gran capital financiero tanto nacional como transnacional.
Y de ahí que no sea improbable que se suscriba un acuerdo entre el gobierno y los gremios empresariales conjuntamente con una política social de carácter asistencialista con la cual se atenúen las contradicciones y conflictos sociales en la Colombia “potencia de la vida” a que aspira el presidente Petro como parte de su utopía política.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social