Redacción
La situación económica colombina es de crisis y ya se conocen los lineamientos de la reforma tributaria que presentará esta semana (20 de julio) el gobierno nacional a consideración del Congreso de la República e incluyendo desde el mismo gobierno se acepta según las palabras del Ministro de Hacienda que abra una segunda iniciativa para 2022, de conformidad a las necesidades del país. Para los gremios, la tributaria concertada con el gobierno nacional solventa necesidades de gasto social y empieza a estabilizar las finanzas públicas para el 2022, ante las presiones fiscales que hay en el presente y en el futuro. Pero el marco fiscal del mediano y largo plazo exige una reforma tributaria estructural, con un sistema tributario más equitativo, que les cobre impuestos a las personas y a las empresas según su nivel de ingresos.
Y esto lo puede hacer solamente un gobierno con mucha gobernabilidad, iniciando su mandato, y seguramente por las necesidades de inversión pública, especialmente social, será inevitable una emergencia económica, de conformidad a la constitución nacional. Para los gremios, incluyendo ANIF, el déficit estructural régimen pensional por los subsidios a las personas de altos ingresos, debe ser redirigidos a los más vulnerables; el objetivo es lograr una estructura impositiva (tributaria) progresiva en que el aporte (contribución) está a cargo de los mayores ingresos. E inclusive recomiendan cobrar impuestos de renta a más personas, según su nivel de ingresos sin que se afecte los bolsillos de los hogares. No es fácil.
El próximo gobierno va a encontrar un problema delicado de la economía, de los ingresos tributarios muy disminuidos, déficit fiscal y por ello es inaplazable la definición estructural del modelo tributario colombiano, buscar que sea menos dependiente de las materias primas, impulsar la industria, la agricultura y el turismo.
Es fundamental que la DIAN vuele como organismo independiente, tendencia que hay en América Latina y en la OCDE.
Hay que acabar con el modelo de reformas tributarias con cambios sucesivos en la legislación fiscal, donde prácticamente hay más de una por año, , las soluciones son cortoplacista y debe haber una reforma constitucional con planeación a largo plazo.
Y quizá lo más importante es sobre los dineros colombianos en el exterior, incrementar el control de las operaciones internacionales, de tal manera que tengamos unos convenios de intercambio de información mucho más efectivos con el mundo y especialmente con los paraísos fiscales.
En el próximo gobierno La emergencia económica debe buscar, un recaudo tributario para satisfacer las crecientes necesidades de gasto social y darle sostenibilidad en el largo plazo en lo que tiene que ver con la seguridad externa e interna, la justicia, el gasto social (educación y salud), etc.
Es claro que la actual tributación es insuficiente para proporcionar los bienes públicos esenciales que demandan los ciudadanos y desarrollar la infraestructura económica que el país demanda con urgencia, seguimos siendo un país tercermundista con un PIB per cápita de USD 5.638, el No.102 en el mundo.
La economía colombiana en el 2022 va a quedar en estado comatoso, un nuevo ministro de hacienda debe liderar una meta de recaudo para financiar el creciente gasto fiscal, derivado de las necesidades sociales insatisfechas, problema estructural colombiano. Pensemos que la tasa media de los países de la OCDE tiene un recaudo superior al 30% del PIB.
Colombia debe tener un nuevo estatuto tributario, armonizado totalmente con el Estado social de derecho y acompañado de un acto legislativo que ordene la planeación de largo plazo, y fortaleciendo la descentralización que estipula la constitución del 91.
La emergencia económica se debe dar también para superar el déficit fiscal superior al 10% del PIB, al que puede llegar en el 2022 y para que no haya más reformas tributarias parciales, y este debe ser un acto que una al país, como acto político y como acto ciudadano convocar a todas las fuerzas sociales del país.