Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Cada vez que las clases dirigentes necesitan afianzarse en el poder encargan a los gobiernos de turno para que presenten reformas al sistema electoral, que en este caso, poco tienen que ver con los propósitos y objetivos consignados en los acuerdos de paz de ampliar la democracia sobre la base de garantizar una mayor participación de los ciudadanos no solo en las gestas electorales sino en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos públicos, que demandan de una verdadera reforma política-electoral de gran calado que permita cambiar las costumbres políticas y enrutar por los caminos de la democracia económica, política, social al país en igualdad de condiciones para todas las clases y sectores sociales, que tradicionalmente han sido explotados, discriminados y excluidos de la actividad política.
Aunque el ministro del Interior justifica la necesidad de la reforma con el argumento de que hay “que legitimar la democracia y recuperar la credibilidad”, por lo demás perdida en medio de la sumisión del Congreso al ejecutivo, el clientelismo político, el autoritarismo, el imperio de la “mermelada” y la corrupción generalizada con la existencia de las denominadas alianzas publico-privadas, lo cierto es que se han levantado innumerables voces disidentes que plantean diversas opiniones en el sentido de que dicha reforma no cuenta con el consenso de los partidos, en tanto que el gobierno lo que pretende es introducir una serie de cambios que como se dijo anteriormente no aparecen consignados en los acuerdos de La Habana (Cuba), tales como por ejemplo, la ampliación del periodo presidencial o la sustitución de la institución de la vice presidencia por la designatura, todo lo cual se tramitaría por el procedimiento ordinario o por la vía fast track, es decir, a la medida de los intereses del gobierno del presidente Santos.
Así mismo existen reparos a varios de los puntos que contiene la reforma, dirigidos supuestamente a combatir el abstencionismo electoral con la imposición del voto obligatorio y la disminución de la edad para votar de 18 a 16 años, con lo cual se anticipa artificialmente la capacidad electoral de los adolescentes para participar en la actividad política y asumir de alguna manera toda clase de roles sociales a fin de garantizar supuestamente la existencia de un régimen democrático participativo.
Otros puntos de la reforma relacionados con la financiación total de las campañas electorales por parte del Estado, la conformación de listas cerradas, la eliminación del voto preferente y de la circunscripción nacional para el Senado, el estatuto de la oposición, no tienen por finalidad recuperar las formas y métodos democráticos sino resolver algunos de los problemas que hoy afrontan los partidos y movimientos políticos para mantenerse en el poder en medio de la lucha competitiva por el mismo.
La posibilidad de introducir algunos cambios en el régimen político electoral pasa necesariamente por la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa que se ocupe de aprobar una verdadera reforma democrática electoral, con la participación masiva y democrática de los ciudadanos interesados en crear las condiciones propicias para el cambio social que requiere el país en momentos en que los ciudadanos del común no creen en las instituciones y le perdieron la confianza a sus gobernantes en el manejo y control de los asuntos del Estado y de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social