María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El descaro del registrador Alexander Vega ya no sorprende. A su incompetencia para garantizar transparencia en los procesos electorales se suma su falta de carácter para darle la cara al país y aclarar las dudas e inconsistencias que pesan sobre las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Pareciera olvidar que el Congreso, que representa al Constituyente Primario que es el pueblo, era el escenario por excelencia para que esta semana él hubiera asistido al debate de control político en la plenaria del Senado, en el que se le pedían explicaciones de los errores en los que él y la entidad a su cargo incurrieron.
Señor registrador, usted no es un “ganador” como se proclamó en medios de comunicación. Sus errores son inadmisibles y no serán pasados por alto y en eso coincidimos muchos colombianos, incluso, la mayoría de los sectores políticos que se vieron de una u otra manera afectados por la falta de planeación y las omisiones en el proceso electoral. Por ello, una vez más, y por dignidad debe renunciar a su cargo, y permitir que sea designado un registrador que, de manera seria y honesta, asegure la confianza y éxito del proceso electoral para la elección presidencial de mayo y junio próximos.
Sabe el señor Vega que el futuro de la democracia depende de una Registraduría eficiente, honesta y con procesos verificables, que den garantías a las elecciones. La entidad a su cargo no puede politizarse y mucho menos arrodillarse a ningún movimiento político porque su obligación es blindar la democracia de quienes con intereses maléficos, tramposos, y populistas, buscan llegar y perpetuarse en el poder.
Pero el daño ya está hecho. Desde mi Partido, el Centro Democrático advertimos que el riesgo de trampas y manipulaciones en las votaciones, preconteo y escrutinios era inminente, y que estaría en manos de jurados y líderes del ‘desastre histórico’, pero no fuimos escuchados. Una vez más muchos perdieron en las urnas, pero granaron como por arte de magia en la Registraduría.
Sería muy grave tener que afrontar una elección de tal envergadura, como la escogencia del próximo presidente de Colombia de esta manera. Debe ser tan claro el manejo del proceso, iniciando por facilitar la inscripción de jurados y testigos electorales, la capacitación de los jurados, la sencillez de los formularios de registros electorales, y la rapidez para subir al sistema los resultados para que no haya duda de la transparencia en el proceso, ni la manipulación de los registros por funcionarios de la Registraduría. Claro que los jurados pueden equivocarse, pero no la Registraduría al subir al sistema, de manera inmediata y sin errores, los formularios E14 diligenciados como ocurrió el 13 de marzo en más de 22.000 mesas, lo que permitió su manipulación. Ahora me pregunto, ¿si cada puesto de votación contaba con funcionarios de Registraduría, Procuraduría y otros entes de control, cómo es que no se dieron cuenta de tanto tachón, enmendadura y error en los formularios?, muy raro si es.
Con una Registraduría politizada, 20% de los jurados sin capacitación y 60% de los mismos jóvenes, que muy seguramente participaban por primera vez de un proceso electoral, la Registraduría estaba en la obligación de haber sido más precavida y tener una mejor planeación para evitar los errores garrafales ya bien conocido por el país.
Así las cosas, la amenaza es latente. La izquierda ya anunció que no aceptará otro resultado que no sea el triunfo de su candidato a la Presidencia. Esto sin duda es un campanazo de alerta mayor de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.
Ahora bien, veo muy oportuno preguntarle al registrador cómo una entidad que cada año pide y pide mayor presupuesto, y que claramente se le da, responda con resultados tan cuestionables. Para la muestra un botón. En 2021 el presupuesto asignado fue de $1.16 billones, cifra que para 2022 aumentó a $2.2 billones, precisamente para preparar el proceso electoral. Entonces, ¿si hay más plata, por qué la entidad presenta tantas falencias en materia tecnológica, logística electoral y contratación de personal, entre muchos otros?…
También sería muy bueno saber si con unas elecciones como las del pasado 13 de marzo, que nos costaron $1.14 billones, 41% más que en 2018, cuando esa cifra fue de $759.000 millones, había lugar a un desempeño tan cuestionable de la Registraduría, teniendo los recursos para garantizar el éxito y transparencia del proceso.
Pero esta no ha sido la única equivocación del registrador. En octubre de 2021 acusó al DANE de mentirle al país, al asegurar que la población colombiana estimada para 2021 era de 55 millones de personas y no de 51 millones como informó el DANE, órgano técnico y competente en la materia. Para conocer los argumentos técnicos en los que basó sus declaraciones cité a un debate de control político el pasado miércoles al director del DANE e invité al Registrador que obviamente tampoco asistió. Sin embargo, y pese a las explicaciones de los delegados de la Registraduría, el DANE fue contundente al ratificar que en Colombia somos 51.6 millones de personas, cifra consistente con los registros debidamente depurados y consignados en la Registraduría.
Claramente el registrador no midió las consecuencias de sus declaraciones y si puso en riesgo la confianza de los colombianos en el DANE, una entidad que se ha caracterizado por su rigurosidad técnica en el manejo de las cuentas nacionales e información estadística, y única competente para diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas relacionadas con el censo poblacional.
Señor registrador, si le queda algo de dignidad y decencia, renuncie, para no poner en riesgo las garantías, claridad y transparencia en las elecciones presidenciales. Los correctivos son imperativos e inaplazables en la Registraduría. No más polítización, improvisación ni corrupción electoral.
@CharoGuerra