Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Al inicio del año judicial 2017 la directora seccional de la administración judicial de Cali decidió que los abogados debían hacer una larga fila sobre la carrera 10 hacia la calle 13 a pleno sol o en temporada de lluvia bajo el agua para lograr el ingreso al palacio de justicia, con los consecuentes inconvenientes entre otros la demora para acceder al edificio y una vez adentro hacer otra fila para tomar el ascensor.
Tal orden obstaculiza el trabajo de los profesionales del derecho sumándose este escollo a las diferentes incomodidades a las que se ven sometidos al interior de la edificación, a la que le fueron invertidos más de 70 mil millones de pesos para dizque modernizarla después del atentado en septiembre del año 2008, sin que cumpla con las condiciones adecuadas para que los abogados ejerzan su trabajo de manera decorosa.
Mientras los abogados deben someterse a estas imposiciones de una bien remunerada empleada del Consejo seccional de la judicatura, los jueces y empleados tienen un trato preferencial pues acceder al edificio por la entrada sobre la calle 12 además de tener ascensores para su uso exclusivo, lo cual conlleva a un trato desigual y discriminatorio, no obstante que abogados, funcionarios y empleados hacen parte del sistema judicial.
Esto constituye una odiosa y clara discriminación que atenta contra el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo y a la dignidad del profesional que ejerce la abogacía con decoro como único medio de sustento, lo que lo clasifica como un simple trabajador independiente e informal.
El trabajo es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho plasmado en nuestra Constitución el cual debe ser protegido y garantizado por las autoridades, garantía que en el caso de los abogados va más allá de permitirles actuar en los diferentes procesos judiciales, en tanto que las decisiones de la directora seccional de la administración judicial constituyen una clara vulneración a este derecho. La orden de hacer largas filas no tiene ninguna justificación ni mejora el acceso regular y permanente de los abogados que se ven limitados al acceso rápido y oportuno al edificio para cumplir con su trabajo. El Palacio de Justicia debe ser compartido en igualdad de condiciones entre los funcionarios, empleados y abogados.
Invitamos a las diferentes organizaciones de profesionales del Derecho a pronunciarse en contra de esta decisión asumida por la directora seccional de la administración de justicia que poco o nada contribuye a organizar el ingreso al Palacio de Justicia ni a mejorar la convivencia y el trato que deben recibir los abogados que hasta ahora han sido considerados como ciudadanos de tercera categoría.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social