Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El manejo político y administrativo de los alcaldes de las últimas décadas elegidos popularmente por los caleños como mandatarios del pueblo, dejan mucho que desear, en tanto que actúan en función de determinados intereses económicos y políticos no obstante, su obligación de defender el interés general conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley.
Esta situación tiende a reflejarse en la ciudad particularmente a través de lo que hoy se conoce como las alianzas público privadas -APP-, con las cuales se privilegian dichos intereses por parte del Estado contratista que utiliza los recursos del presupuesto para la realización de una serie de proyectos y programas que poco o nada contribuyen a mejorar la situación de los caleños y su nivel de vida.
Además, la actual administración no está en condiciones de cumplir con los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo, especialmente relacionados con la construcción y terminación de viarias obras de infraestructura vial para el desarrollo urbanístico de la ciudad como son el puente de Chipichape y la terminación de la avenida de Circunvalación entre otras obras. Circunstancia esta que obedece en gran medida a que la administración no cuenta con los recursos suficientes para tal fin, además de soportar el peso de una deuda financiera con los bancos que tendrá que comenzar a pagar en el próximo año, impactándose con ello de manera sustancial las finanzas del Distrito y la inversión social.
Este hecho por supuesto no es casual ni fortuito como tampoco responde a la necesidad de utilizar los recursos del presupuesto y del endeudamiento para atender aquellas obligaciones relacionadas exclusivamente con el gasto social, sino para atender los requerimientos de algunos sectores de interés en la ejecución de una serie de obras de infraestructura o la adquisición de determinados bienes, tal como sucedió durante la alcaldía del señor Armitage, quien adquirió varios inmuebles y se embarcó en la construcción y renovación de escuelas y colegios que en la actualidad se encuentran vacíos y no prestan ninguna función ya que no cuenta con el personal docente y discente respectivos.
Situaciones similares se repiten por doquier, a la vez que la administración del alcalde Ospina se empeña en contratar la construcción de rejas colocadas en los separadores viales, zonas verdes y la margen del río Cali, a lo largo y ancho de la ciudad, mientras se ocupa ilegalmente el espacio público de parques, calles y avenidas, en una clara y ostensible violación de los derechos colectivos de los ciudadanos, algunas de las cuales se realizan con el beneplácito de la administración.
Todos estos ejemplos constituyen una manifestación del carácter autoritario de los alcaldes, cuya obligación de rendir cuentas al pueblo no deja de ser más que una simple formalidad, en tanto que nunca se realizan evaluaciones de la gestión pública y administrativa de los mandatarios de turno en el concejo municipal o por las organizaciones sociales y políticas de la ciudad.
Desde la Veeduría consideramos indispensable y necesario realizar un balance de la gestión de los alcaldes que han ejercido su mandato en los últimos años con el propósito de valorar su contribución al progreso material y espiritual de la sociedad caleña la cual aspira a mejorar su situación económica y social y la defensa de sus derechos y libertades en contra de los privilegios de clase, las discriminaciones de toda índole y la exclusión política del control y vigilancia de los asuntos públicos.
ADENDA: El día sin carro se ha convertido en un paliativo ambiental conjuntamente con otras restricciones de la movilidad en varias ciudades y particularmente en Cali, no obstante que la causa determinante del caos vehicular lo constituye el ingreso incontrolado de vehículos congestionando las vías que no serán suficientes para albergar el represamiento y la anarquía que se forma en la ciudad.
Está claro que los causantes de la polución del ambiente por ruido y del aumento de la contaminación con CO2, se derivan de la presencia constante de automotores que han rebasado las posibilidades de control por parte de las autoridades que se han declarado incapaces para ejercer sus funciones de regulación del tránsito automotor.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social