Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Como se ha escrito repetidamente en esta columna pero que es necesario profundizar y repetir cada año para que sea uno nuevo y no siga al viejo, la mayoría de los habitantes de las ciudades se preocupa, con razón, por la inseguridad en sus calles pero apenas de la delincuencial y poco del mal comportamiento de todos en los espacios urbanos públicos, y menos aún de la seguridad de las construcciones y de la ciudad misma, y no sólo por su vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones, terremotos, derrumbes e incendios. Pero lo peor es que no se percatan de que todas estas amenazas están muy relacionadas, por lo que demandan soluciones de conjunto, integrales y a largo plazo.
Combatir la delincuencia en las ciudades no es apenas un asunto de más y mejor policía sino, en primer lugar, de una justicia pertinente y eficiente, pero fundamentalmente de reducir la inequidad socioeconómica en ellas. Sin embargo el error es creer que esto es suficiente para explicarlo, o que el incumplimiento de las normas urbano arquitectónicas no es igualmente un delito que la policía debería controlar ya que está relacionado con los usos del suelo y las características urbano arquitectónicas de esos espacios urbanos que facilitan la delincuencia común; y que por lo tanto hay que entender las ciudades y los ciudadanos como las dos caras de la misma moneda.
Además, el mal comportamiento de la gente en los espacios urbanos públicos no es apenas un asunto de más y mejor educación cívica sino igualmente de que su mal emplazamiento, diseño y mantenimiento no lo genere. Calles mal ubicadas, mal diseñadas, mal demarcadas, mal señalizadas, mal iluminadas y mal mantenidas no solo ocasionan accidentes de tránsito, y la falta de andenes adecuados aun más, sino que además llevan al desagradable acoso de los peatones entre ellos y a la atarbanería de los conductores de vehículos, y a que unos y otros sean más fácilmente víctimas de robos, atropellos y molestias, y lo mismo aplica para plazas y parques.
Por último, la seguridad de todas las construcciones y de la ciudad misma, ante el impacto de huracanes, inundaciones, terremotos, derrumbes e incendios, según sus probabilidades debidas a la localización de cada una y en ellas de cada uno de sus diferentes sectores, no es apenas un asunto de normas sino también de verificar su cabal cumplimiento, lo que se debe realizar separando el área urbana en zonas de riesgo, considerando principalmente sus previsibles consecuencias en toda la ciudad, y así poder programar las soluciones pertinentes, las que seguramente no serán las mismas en función no solo de su cantidad y costo sino de su urgencia manifiesta.
Amenazas, todas las anteriores, que demandan soluciones de conjunto, integrales y a largo plazo, y que básicamente se pueden agrupar en tres grande temas: mejor diseño urbano y arquitectónico, más y mejor educación cívica, y voluntad política para lograrlos. O sea que es un asunto propiamente político, de la polis, pero que infortunadamente a la mayoría de los electores de los políticos poco les concierne pese a que Aristóteles ya lo mencionó hace siglos, “las ciudades satisfacen las necesidades de unos ciudadanos pero su finalidad es que vivan bien”; pero el problema de las que han crecido mucho y muy rápidamente es que tienen más habitantes que verdaderos ciudadanos.
