Editorial
Permanentemente el proceso de paz vive en crisis, por diferentes circunstancias, ante un proceso colmado de irregularidades en el gobierno de Juan Manuel Santos. En este mes de octubre fueron los cuatro años de haberse realizado el plebiscito, el 2 octubre de 2016, que revocó el pueblo colombiano el acuerdo de paz firmado en Cartagena entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, en presencia de no pocas autoridades internacionales. Como el lineamiento de ese plebiscito no se cumplió, allí está medio país reclamando y el otro apoyando lo realizado en la reforma constitucional, producto de los acuerdos con el movimiento guerrillero. El país sabe de los incumplimientos de las FARC , pero su desmovilización, entrega de armas, etc es una realidad, que no se puede tapar.
Ahora con el reconocimiento de las FARC como autores del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y que el senador Carlos Antonio Lozada, declaró haber ejecutado el asesinato, salen a relucir los argumentos de su juzgamiento. Pero antes, toda la oferta que hicieron los comisionados de la paz en La Habana y el mismo gobierno del presidente Santos, que primero iban a pasar por la justicia y luego al Congreso. En este caso la corte constitucional en sentencia del año 2017 (C-674), precisó que si la JEP tiene noticia de que un aforado como senador de la República ha cometido un delito de leza humanidad debe remitirlo automáticamente, sin espera, sin tardanza a la Corte Suprema de justicia. Luego le correspondería a Carlos Antonio Losada para evitarse su proceso en la Fiscalía, donde ya está llamado y en la Corte Suprema de Justicia, renunciar al Senado y llevar su caso a la JEP justicia especial para la paz.
Ya las diferentes posibilidades jurídicas los abogados la están trabajando para que haya denuncia disciplinaria para destitución del Procurador, o solicitud de nulidad de su elección en el Consejo de Estado, o un proceso de pérdida de investidura. La otra controversia es que los comandantes de la guerrilla de las FARC, 9 que son congresistas de la República tienen inmunidad frente a la justicia ordinaria y deben ser procesados en la justicia transicional.
Para el presidente Iván Duque, los miembros de la extinta guerrilla de las FARC que se hayan atribuido este crimen deben comparecer ante la JEP, sin que esto limite la capacidad de la fiscalía que también tiene competencias en el caso. Pidió a la JEP suspender como Senador a Carlos Lozada.
Losada afirmó que ” no vamos a renunciar al Senado de la República, porque nos sentimos honrados de representar en esta curul, esa sangre de esos héroes que algún día de la historia de Colombia habrá de reconocer”. Las FARC dijo “no escudaremos nuestra responsabilidad en la confrontación armada ni atribuiremos la decisión a quienes hoy ya no están. Queremos que se conozca la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendar que no sean la de la verdad plena”
Indudablemente la controversia es política., de alto calibre, exige un gran acuerdo nacional pues el acuerdo de paz dice unas cosas y la corte constitucional, organismo de cierre constitucional del país obliga a que los congresistas que están en la JEP puedan ser juzgados por su competente la Corte Suprema de Justicia. Le corresponde al Sr Presidente de la Republica, Ivan Duque liderar el acuerdo nacional ó en las próximas elecciones, un nuevo plebiscito y van 2 .