Alicia Osorio González
La tésis de la seguridad jurídica que aplica la justicia contenciosa para amparar los actos administrativos durante su vigencia, hasta el momento en que son declarados nulos o los fallos que declaran la nulidad de estos actos pero solo con efecto interpartes, son un duro golpe para los ciudadanos que quedan totalmente indefensos, víctimas del poder impositivo de la administración que prevalida de la facultad de imponer tributos los impone violando claras normas constitucionales y legales y sin embargo queda indemne como ocurre en este caso, después de sacar del bolsillo de los ciudadanos el dinero para el pago de las mal llamadas megaobras, que ni siquiera fueron concluídas.
Se le puede exigir a los contribuyentes, especialmente a aquellos sin conocimientos jurídicos, con los recursos apenas necesarios para su subsistencia, agobiados como los vimos ante la amenaza de perder sus inmuebles adquiridos con gran esfuerzo, que salieran a consultar y pagar abogados para impetrar las acciones legales correspondientes para demandar el injusto e ilegal cobro y castigarlos con la imposibilidad de reclamar, ahora nos enteramos que las resoluciónes de cobro son nulas?
Muchas demandas se instauraron, algunas con válidos argumentos que hoy se consideran en el fallo que declara la nulidad de las resoluciones, pero no prosperaron. Para añadir el insulto a la injuria, el Municipio además con el engaña bobos de los papayazos, continuó forzando a los contribuyentes a pagar, a pesar de haber transcurrido mas de cinco años desde que las resoluciones quedaron en firme.
La Sentencia 00353 de 2018 del Consejo de Estado establece que “Como lo ha sostenido esta Sección6, tratándose del procedimiento aplicable a obligaciones tributarias de carácter territorial, el artículo 66 de la Ley 383 de 19977 y el artículo 59 de la Ley 788 de 20028 establecieron que para efectos de la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio se aplicarían las normas del Estatuto Tributario Nacional”
Conforme con el artículo 817 del Estatuto Tributario, “La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles”.
De acuerdo a lo anterior, la estrategia perversa de la administración, tal ilegal como las mismas resoluciones que pretendió tener vigentes realizándoles modificaciones para partir de las mismas empezar a contar el termino de prescripción afectó para nada el término legal establecido en el Estatuto Tributario, en numerosas jurisprudencias y en los conceptos de la DAFT.
A quienes no cancelamos el injusto cobro, entre los que me cuento, convencida de la inconstitucionalidad de la autorización por lo cual demande, y estoy a la espera del fallo de segunda instancia desde el año 2015 en la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirme que me asistía la razón, nos cobija la prescripción de la acción de cobro e igualmente por efectos de la nulidad de las resoluciones por la misma razón del tiempo transcurrido no es posible dicho cobro, bien sea que la nulidad se predique desde que se expidió la resolución o a partir de la fecha de la sentencia que así las declara.
Seguiremos buscando caminos para defender nuestros derechos.