María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Vuelve y juega. Las inundaciones en La Mojana parecen un capítulo de nunca acabar. Pese a las múltiples denuncias de los pobladores por el riesgo latente al que están expuestos como consecuencia del invierno, la situación no tiene solución de raíz y tampoco avances en las obras de mitigación que se requieren con extrema urgencia para frenar emergencias como la que se está viviendo en la zona que ya deja más de 10 mil damnificados y cerca de 11 mil hectáreas de cultivos afectados. Un desastre que se repite y pudo evitarse.
Es frustrante ver cómo han pasado más de 10 años y aún no hay avances en la construcción del dique ni en el fortalecimiento de los jarillones para contener las aguas del Río Cauca, única solución para frenar las inundaciones que por décadas han afectado a los habitantes de La Mojana. Las promesas incumplidas saltan a la vista, y se reflejan en la crítica situación que se vive en la zona hace más de 10 días. Casas destruidas, animales muertos y pérdida de cultivos es la radiografía que narra el padecimiento de esta región del Caribe colombiano.
Hagamos retrospectiva de los hechos. En 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Fondo Adaptación, una entidad que “supuestamente” ejecutaría obras para evitar que la población de La Mojana quedara nuevamente a merced del agua como ocurrió ese año con el devastador paso del Fenómeno de La Niña; trabajos de mitigación que tristemente no solo no avanzaron, sino que quedaron en el papel o por falta de gestión, o como asegura la entidad, falta de presupuesto, lo que deja a la región en el completo olvido pese a las necesidad urgente que tiene de ser intervenida.
Las promesas que con bombos y platillos hizo el expresidente Santos a los 11 municipios que componen La Mojana, de los cuales 6 son del departamento de Sucre, porque se incluyen 3 de la región del San Jorge, quedaron en el olvido y año tras año el invierno sigue haciendo de las suyas. A marzo de 2021, el Fondo Adaptación había realizado obras de “infraestructura resiliente al cambio climático” por $938.947 millones y asignados sólo al macroproyecto La Mojana $224 mil millones; cuando lo inicialmente previsto para La Mojana era invertir $600 mil millones, donde la prioridad debía ser las obras de mitigación y protección de cascos urbanos. Pero, a estudios y más estudios se dedicaron principalmente los recursos en los primeros años del Fondo Adaptación, seguido por la reconstrucción de colegios, viviendas y centros de salud; y muy poco se destinó de esos recursos a obras de mitigación y protección; lo clave para frenar las recurrentes inundaciones.
Lo anterior también se refleja en la auditoría hecha por la Contraloría General en 2020, en la que consideró el proyecto de La Mojana como “crítico” dado los retrasos en la etapa de estructuración que inició en 2012 y que tardó cuatro años, por lo que las primeras intervenciones para contener las inundaciones y proteger a la población ribereña iniciaron apenas en 2016 y puedo decir que a medias. Para el ente de control, las obras del Fondo Adaptación solo presentaban una ejecución del 42% y una fecha estimada de entrega final de la primera fase en el año 2023. Mientras tanto, como reza el adagio popular, “que se los coma el tigre” …
Es así como en respuesta a las demoras y dilaciones en el avance de los proyectos he citado al Fondo Adaptación a varios debates de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, citaciones que han dejado más preguntas que respuestas. Estudios y proyectos a la orden del día, pero de ejecución y realidades muy poco. Y preocupa aún más que las inversiones previstas culminen en tres o cinco años, tiempo en el que los riesgos de inundación se mantienen latentes, así como el deterioro de las condiciones productivas y de vida de los habitantes de La Mojana. Esa es la triste realidad.
No fue mucho más alentador el encuentro que sostuve esta semana con la directora del Fondo Adaptación, Raquel Garavito, quien sólo lleva 2 meses en el cargo, y reconozco que está gestionando para buscar salidas financieras para las obras, pero aún sin claridad sobre las fuentes de los recursos. Lamento que este momento coincida con la difícil situación de las finanzas públicas; pero hay esperanza por el compromiso expresado por el presidente Iván Duque para responder a la región. En los últimos días he hecho gestiones con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para que se faciliten los recursos estimados por el Fondo Adaptación en $700 mil millones para la reconstrucción de los primeros 29 kilómetros del dique desde Nechí en Antioquia hasta Guaranda en Sucre; la recuperación de 200 kilómetros de caños y la protección de los municipios de Guaranda, San Jacinto del Cauca y Achí, que cobijaría las primeras fases de obras definitivas.
Igualmente tengo que destacar la rápida respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para llevar ayudas humanitarias a la población y apoyar el cierre de los puntos críticos. Pero la apuesta es por las obras estructurales y definitivas de mitigación y protección. Es urgente también que los cuatro gobernadores que hacen parte de la región inviertan lo que se han comprometido desde el inicio del Fondo Adaptación para que la sumatoria de esfuerzos y recursos permita la solución.
Mucho se habla de La Mojana, región que la conforman tres millones de hectáreas, de las cuales, cerca de 400 mil tienen un extraordinario potencial productivo desaprovechado. Ya los zenúes tenían su sistema de manejo de las aguas, que lamentablemente se fue perdiendo con el tiempo. Por ello radiqué un proyecto de ley hace un año para proteger ese patrimonio arqueológico de manejo hídrico que queda, y que de haberse respetado y preservado habría ayudado a evitar estas recurrentes inundaciones.
Por ahora, hay que seguir trabajando y sumando esfuerzos con el Gobierno Nacional, departamentos, municipios y Congreso de la República para que los municipios de La Mojana no sigan bajo el agua y tengan soluciones en el corto plazo.
Nota: Al cierre de este artículo Colombia recibía la descorazonadora noticia de que la Corte Constitucional tumbó la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, lo cual lamento mucho. Esto no nos deja otra salida que contemplar la urgencia de un referendo popular para que le caiga la máxima pena a esos criminales y se respete la dignidad y vida de los menores de edad.