Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Después de seis años de operación, la compañía dueña de la plataforma anunció retirarse del mercado colombiano a partir del 1 de Febrero. La decisión se fundamenta en sentencia de primera instancia interpuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en seguimiento al fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio motivado en competencia desleal.
La hábil estrategia jurídica de la firma Cotech, contratada por la empresa distrital de Radio Taxis Aeropuerto, propiedad de José Eduardo Hernández, quien a su vez controla 42,000 vehículos de transporte público en nueve ciudades en Colombia, se basó en aprovechar el limbo jurídico existente sobre reglamentación de plataformas tecnológicas de transporte enmarcando el servicio Uber dentro de actuales regulaciones obsoletas de transporte público que datan treinta años atrás.
No es asombroso la paquidermia del estado y sus instituciones vigilantes.
Es inconcebible que dichas instituciones, abultadas por compromisos burocráticos inoficiosos, en vez de modernizar la reglamentación, empleen su poder sancionatorio al vaivén de algunos intereses, renunciando a la objetividad e imparcialidad que requiere la actualización normativa permanente del mundo moderno globalizado.
Para Uber, quien ha sido objeto de infinidad de demandas, en la mayoría de países y estados norteamericanos donde opera exitosamente, el recorrido jurídico en contra de la decisión apenas comienza.
El abogado argentino radicado en Washington D.C., Miguel López Forastier, especialista en arbitrajes y litigios internacionales radicó ante la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio y la Cancillería, un breve documento planteando una etapa preliminar de amigable componedor, argumentando Uber, empresa incorporada en el estado estadounidense de Delaware, estaría protegido bajo los acuerdos de Libre Comercio (TLC) firmados entre Colombia y Estados Unidos.
Cuando el país registra positivos indicadores económicos que invitan a la inversión extranjera, la decisión de los tribunales colombianos pone un manto de duda sobre la amenazante realidad de seguridad jurídica como receptor de recursos internacionales.
El país está en mora de enmarcar jurídicamente las plataformas tecnológicas concebidas y sustentadas en la facilidad del mundo moderno interconectado.
En esta ocasión Uber es el chivo expiatorio.
La controversial decisión, afectando 88,000 conductores afiliados y 2 millones de usuarios, es apenas la punta del tempano que empieza a derretirse.
No muy lejos de otros embates jurídicos están las empresas de entrega a domicilio, entidades prestadoras de arrendamiento de oficinas de corta estancia, televisión por suscripción, alojamiento turístico no hoteleros, intermediación de tiquetes aéreos, etc.,
Es el momento de pasar de la retórica de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a la acción dando la bienvenida al desarrollo dinámico del nuevo mundo de la revolución digital sin precedentes en desarrollo de la era de la informática.