Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La propuesta de la administración distrital de ampliar el objeto social de la empresa de Renovación Urbana EMRU a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo 090 del Concejo Municipal, constituye un despropósito que linda con la ilegalidad de la citada iniciativa, además de tratar de revivir una empresa que ha caído en el estancamiento en cuanto al desarrollo y cumplimiento de su propio objeto social lo cual no la sacará de su estado de inoperancia con la simple ampliación del mismo.
Con la ampliación de su objeto social, ésta deberá encargarse de cumplir con funciones adicionales como la recolección de escombros, actuar como agente inmobiliario, ejecutar obras y realizar interventorías de obra civil a nivel nacional e internacional, así como diseños, consultorías y asesorías a nivel nacional e internacional, realizar avalúos y participar en toda clase de estudios y proyectos relacionados con los planes de ordenamiento del territorio de la ciudad Distrito, celebrar contratos y convenios relacionados con el aprovechamiento económico del espacio público y participar de manera individual o en asociación, en concursos o licitaciones a escala nacional o internacional que se relacionen con su objeto y demás actividades que realiza la EDRU EICE, etc.
Todo esto tiene por objeto entre otros propósitos el de obtener los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento y abrirle la puerta a la contratación oficial que hoy se ha extendido a todos los niveles de la administración distrital, tal como sucedió con las empresas municipales de Cali EMCALI y ahora se pretende repetir con la EMRU.
Como es sabido dicha empresa fue constituida hace doce años con el fin de realizar la renovación urbana del centro de la ciudad sin que hasta la fecha haya podido cumplir con su cometido debido a diversos factores que han convertido este proyecto de ciudad en lo que en el argot popular se conoce como un “elefante blanco”, en donde se refleja la incapacidad de sus administradores de sacarlo adelante.
Mientras tanto, de aprobarse inicialmente el proyecto de acuerdo que cursa en la comisión de Institutos descentralizados, se corre el riesgo de repetir una experiencia que en el pasado fracasó, en tanto que los cambios que se introducirán al estatuto orgánico de la empresa generarán una verdadera colisión de competencias con lo establecido en la ley que catalogó a la ciudad como Distrito Especial, cuya organización político administrativa le otorga un conjunto de competencias y atribuciones a los alcaldes locales que de alguna manera se opondrían a las que tendría la empresa de Renovación Urbana EDRU con las modificaciones de su objeto social.
Desde la Veeduría que representamos solicitamos al Concejo Distrital no aprobar dicho proyecto atendiendo las razones expuestas anteriormente, al tiempo que se impone la necesidad de realizar un balance general de la empresa que pretende modificarse, con el fin de conocer su estado actual desde el punto de vista económico, financiero y operativo.
Por otra parte, está claro que los procesos de renovación urbana en la ciudad deben realizarse contando para ello con la participación de los caleños que habitan en los sectores que son objeto de la renovación, con el propósito de garantizarles sus derechos económicos y sociales y no como ha sucedido en el caso de ciudad Paraíso de donde se expropiaron a sus antiguos habitantes de sus viviendas y negocios a cambio de pago de una irrisoria suma de dinero, desmejorando su condición económica y social.
No sobra agregar que al proyecto de Ciudad Paraíso están vinculados grandes empresarios de la construcción y urbanistas de la ciudad y del país que aspiran a obtener jugosas utilidades con la construcción de cuatro mil apartamentos para diferentes estratos sociales, a la espera de que se construya la estación central del MIO, el edificio inteligente y el bunker de la Fiscalía con recursos del presupuesto distrital y nacional.
No dudamos que la ciudad demanda de una verdadera renovación urbana y rural que implica la estructuración y conformación de nuevos estudios y planos coherentes con la estructura organizativa, administrativa y financiera de la ciudad como Distrito Especial una vez que la misma se implemente, pensando siempre en el interés de los caleños, en su bienestar y en el progreso urbanístico de la ciudad que hoy se caracteriza por su crecimiento demográfico de su población debiendo ser atendido con seguridad y diligencia con el fin de garantizar el presente y futuro de la ciudad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social