Carlos Armando Cuervo Jiménez
Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial
En esta semana que concluye, y ya con medio año transcurrido nos enfrentamos a nuevos hechos noticiosos que desconciertan hasta al más ecuánime de los colombianos.
Cuando aún no entendemos como el itinerario del vuelo del helicóptero del presidente Duque era de conocimiento público o al menos compartido con muchos y aun no tenemos explicaciones del cómo y por qué esa información llegó a grupos irregulares, ahora debemos manejar una situación extremadamente descabellada.
Militares en uso de buen retiro entrometidos en una acción terrorista en la república de Haití. Claro aún es muy temprano para lanzar juicios por la subjetividad que crea la información deficiente.
Pero por el bien de las fuerzas militares de Colombia y por la imagen del estado y de sus instituciones esperemos que esta terrible crisis sea aclarada en el menor tiempo posible y que la supuesta participación de estos ciudadanos no haya sido bajo las sindicaciones que inicialmente se divulgan.
Finalmente también en esta semana se han conocido los resultados del informe realizado por un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país debido a los sucesos violatorios a los derechos humanos, derivados del paro iniciado el 28 de abril del 2021.
El informe no deja bien parado a las fuerzas de policía ni al gobierno nacional.
Pero el gobierno Duque, sus voceros y sus aliados del centro democrático han rechazado por desequilibrado el dosier y han preferido negar casi todo lo ahí plasmado.
En el informe de 48 páginas se estructura un recuento histórico que permite establecer el marco que nos llevó a manifestar este poderoso descontento social que converge en el paro iniciado el día 28 de abril.
Entre sus múltiples advertencias hace hincapié en la observancia al respeto y la tolerancia que deben practicar las entidades del estado frente a la protesta social, además califica como grave la inexistencia de decretos reglamentarios a artículos de la constitución que señalan un marco legal y unos límites a la acción del estado y de los manifestantes.
Recrimina de manera severa la falta de datos confiables entre las diferentes estamentos del estado frente a las cifras de desaparecidos, muertos y lesionados por acción de la fuerza pública, porque ello perjudica el accionar de la justicia y debilita la misma institucionalidad de Colombia.
También se hacen apreciaciones frente al tema de ataques a la misión médica y al bloqueo en la circulación con enfermos, heridos o al transporte de insumos hospitalarios. Punto sobre el cual quiero manifestar que resulta inhumano, irracional y perverso evitar el traslado de enfermos y heridos para que llegasen a los hospitales de mayor nivel de atención y pudiesen recibir la atención acorde a sus dolencias. Los participantes en los puntos de retención en donde sucedieron hechos de esta magnitud deberían ser procesados por el estado y condenados por toda la sociedad civil.
Sin duda otra semana llena de noticias escandalosas las cuales pueden traer consecuencias muy infortunadas al estado colombiano.
¿Cuándo terminará esta oscura noche?