Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No obstante que en los últimos tiempos el tema de los Derechos Humanos ha cobrado un especial interés e importancia en todo el mundo globalizado, también ha comenzado a imponerse la tendencia a sustituir la aplicación de los Derechos Humanos con políticas asistencialistas y populistas basadas en una falsa solidaridad mendicante, particularmente en materia económica y social, en tanto que en cuestiones políticas se privilegian determinados intereses de clase o grupo social o individuales, que en la mayoría de las veces no representan ni defienden el interés general de vastos sectores sociales para quienes el ejercicio de los Derechos Humanos se ha hecho cada vez más difícil y complejo de realizar, al tiempo que sobre estos se descarga todo el peso de los deberes establecidos en la Constitución y en la ley.
En este sentido aunque del volumen de los derechos y libertades en favor de toda la población, depende el carácter democrático del régimen político al igual que su estabilidad y permanencia en el tiempo, lo cierto es que cuando los derechos humanos se reducen a ciertas formalidades jurídicas o en su defecto se entiende como la igualdad de derechos entre el trabajador y el capitalista o entre el Estado y el ciudadano que obedece simplemente las directrices de la autoridad, no se podrá hablar de vigencia plena de los Derechos Humanos y mucho menos de la garantía de su ejercicio real y material.
En Colombia el ejercicio de los Derechos Humanos tan solo tiene un carácter más formal que real, en tanto que su aplicación práctica se difiere casi siempre en medio de las promesas de los gobiernos de turno, cuando no es que con estadísticas amañadas se trata de mostrar ante la comunidad internacional que el Estado está cumpliendo con los compromisos adquiridos en tratados y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos.
No sobra agregar que no obstante haberse convenido con la insurgencia de las FARC-EP la cesación del conflicto armado y de construir una paz estable y duradera, persisten en el país los efectos perniciosos de una guerra con otros movimientos armados y sus disidencias además de la incursión de las empresas criminales del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión, que han generado miles de desplazamientos de la población y cobrado la vida de decenas de líderes sociales, políticos y desmovilizados, lo cual tiende a intensificarse generándose con ello una situación incompatible con el respeto de los Derechos Humanos, que lamentablemente el gobierno del presidente Duque no ha sabido manejar adecuadamente, saliéndose de sus manos el control de esta situación por falta de una visión política de mayor alcance que le permita afianzar la paz como uno de los derechos y deberes fundamentales para todos los ciudadanos, mediante la posibilidad de negociar en medio del conflicto armado y social con la insurgencia y sus disidencias a la par con el ejercicio de la coerción del Estado contra la delincuencia organizada y criminal que hoy se ha apoderado de grandes territorios de la Nación.
Por otra parte habrá que decir que siendo el trabajo un derecho y una obligación a cargo del Estado según se dice en la Constitución, muy poco es lo que se hace en esta materia fuera de contabilizar el número creciente de desempleados e informales cuya situación se pretende mitigar con propuestas de carácter laboral atinentes al empleo por horas y por períodos limitados de trabajo, carentes de beneficios y prestaciones sociales por cuenta de las empresas privadas o del Estado mediante la contratación oficial de los denominados prestadores de servicios o “PS”, los cuales deben cubrir con su salario los gastos de salud, transporte y demás servicios personales.
En estas circunstancias la vigencia de los Derechos Humanos en torno al trabajo se convierte en una ilusión con la existencia de empleos baratos que realizan los trabajadores y empleados de las nuevas empresas innovadoras que operan en el país explotando el trabajo de miles de jóvenes y de decenas de profesionales que ejercen en forma independiente y que hoy no ganan lo suficiente para solventar sus necesidades básicas, mientras temen perder sus empleos al término de los contratos con términos definidos que pueden o no renovarse.
De esta manera aunque el Trabajo constituye un factor fundamental de la producción, distribución y consumo de los principales bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, el mismo no goza de la protección requerida que el Estado dice defender, en tanto que las clases dirigentes y empresariales lo violan permanente y sistemáticamente bajo el amparo de una falsa legalidad y doctrina Constitucional.
Por lo demás resulta lamentable que en medio de la celebración del 71 aniversario de los Derechos Humanos ningún medio de comunicación regional o local se haya referido a los diferentes temas que en general tienen que ver con el respeto de los Derechos Humanos que constituyen en el fondo la esencia misma de la política social que sin embargo hasta el momento el gobierno nacional no relaciona con las demandas y requerimientos de la protesta social de los sectores que han manifestado su descontento o inconformidad con la política nacional en sus mayor parte ligada con los derechos civiles individuales y colectivos, económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales que hacen parte de los Derechos Humanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social