Senadora de La República
Protestar implica magnificar la información; significa visibilizar las dificultades de un grupo social. Sin embargo, una cosa es una protesta y otra muy distinta, utilizar vías de hecho para convertir la protesta en una extorsión: cuando bajo amenazas de daños a terceros se obtienen beneficios.
Popayán y Pasto han sido varias veces víctimas este procedimiento. Algún sector social decide que sus problemas ameritan atropellar los derechos de otros; llevarlos al extremo de la ruina, para que el Gobierno Nacional ceda a todas sus pretensiones. Los bloqueos son ilegales, violan el derecho fundamental a la movilidad y libre circulación, y con ello lesiona los intereses económicos, el derecho a la salud…
Los “acuerdos de carretera” se hacen bajo la presión de los negocios locales que se quiebran, la desesperación de los ciudadanos atrapados, bajo la amenaza de la leche que se tiene que botar, de los camiones y los buses parqueados con impacientes conductores que esperan poder ganarse su sustento, con las nominas de empleados que corren, mientras el negocio está parado. Todos pensando que otro departamento sus negocios no tendrán estos inconvenientes y por eso después de cada bloqueo las ultimas empresas asentadas en Popayán salen hacia el Valle.
Los acuerdos, entonces, los firma el gobierno presionado, y con ello compromete la estabilidad futura. Las concesiones de la carretera desconocen las autoridades locales, los otros grupos de intereses, y son decisiones centralistas que luego agudizan los conflictos sociales existentes. Los que bloquean siempre obtiene ventajas, mientras quienes respetan la ley jamás obtienen nada. No se trata de analizar si las peticiones de los protestantes son pertinentes, no deben ser consideradas mientras persistan en hacerle daño a los otros caucanos. No mientras amenacen los empleos y los ingresos de miles de ciudadanos con iguales derechos que ellos. No todo es culpa de quienes protestan, el Gobierno es un corresponsable, pues ha incentivado la violencia y las vías de hecho. Sólo quien se excede logra llamar la atención de los ministros, y sólo si hay violencia el Presidente se siente compelido a negociar.
Me da por pensar que es una estrategia de las Farc y sus aliados ELN que pretenden quebrar el sector productivo para que el departamento del Cauca y de Nariño, cada vez más empobrecidos y con menos opciones, se entreguen a sus designios. Las Farc lo que más deprecia son los ciudadanos libres, los que tienen ingresos y por lo tanto no son susceptibles a sus presiones. Aquellos que no dependen ni de los puestos de la burocracia política, ni en su pobreza se dejan tentar con cultivos ilícitos. El desprecio por el sector privado de las Farc se explica en que paga impuestos para mantener al Estado, y salarios a los empleados que son libres.
¿Cómo puede un gobierno permitir que los derechos fundamentales a la movilidad, a la salud, a la libertad de empresa queden a merced de encapuchados que queman carros, quiebran vidrios y amenazan conductores e incomunican poblaciones? Bueno que se levante el bloqueo, grave que se permita. Preocupa no saber que nuevas concesiones otorgó el Gobierno. Triste que ser pillo, pague.