Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con ocasión de haberse cumplido los primeros seis meses del mandato del alcalde Armitage quien incursionó por primera vez en el sector público en donde ha tenido que aprender y soportar la lentitud con que se mueve la administración pública, sus promesas de mejorar la seguridad, movilidad y el empleo, no dejan de ser mas que simples promesas que no permitirán ver la luz al final del túnel.
Sus propuestas plasmadas en una entrevista al diario El Tiempo Cali de junio 28 de 2016 no están respaldadas económica, política y técnicamente con argumentos viables ni acordes con los verdaderos intereses y necesidades de la población caleña. Así las cosas tenemos que frente al problema de la inseguridad reinante en la ciudad la actual administración “se consuela” con el hecho de haber logrado hasta ahora reducir en una porción mínima los homicidios en comparación con el año pasado, con lo cual la preocupación se centra en un asunto estadístico, cuyos efectos se modifican de acuerdo a determinadas circunstancias, que ni la policía ni el alcalde pueden acabar ni controlar de manera efectiva.
En torno a EMCALI el alcalde manifiesta que durante su mandato ha logrado “aislar” de la empresa a los políticos que se la habían apropiado en épocas anteriores. Además agrega que en el plazo de 30 o 60 días se tomará una decisión en relación con la escisión o asociación del componente de telecomunicaciones que según se dice le está costando mucha plata a EMCALI y que por supuesto será ofrecido en el mercado de capitales después de “arreglarlo, decorarlo a ver sí se nos vuelve una posibilidad”, operación ésta que ha comenzado con el rompimiento de la unidad de caja de la empresa para aliviar el pasivo que se descargará totalmente sobre las otras dos unidades de negocios: los componentes de acueducto y alcantarillado y energía respectivamente.
En cuanto a la recuperación del jarillón del río Cauca, el alcalde promete reubicar a sus habitantes que según él lo ocupan ilegalmente, lo cual no es del todo cierto ya que una parte de los terrenos fueron transferidos legalmente por la CVC y otra parte ha sido ocupada con su consentimiento a sabiendas de que es zona de protección, con lo cual el tratamiento de los ocupantes debe ser diferenciado, teniendo en cuenta sus particularidades jurídicas y económicas.
En relación con el papel que juega la administración en la etapa del post conflicto o post acuerdo, el alcalde señala que cada año arriban a la ciudad 50.000 desplazados para una población que casi llega a los 2.500.000 habitantes que podrá crecer aún mas a 3 o 5 millones. Lo que resulta insólito e irracional es creer que invirtiendo cuantiosos recursos del presupuesto municipal en el programa Territorios de Inclusión y Oportunidades TIOs, se podrá proporcionar una mejor educación y cultura a los desplazados y reinsertados y mejores oportunidades de trabajo, cuando está claro con base en la experiencia práctica, que dicho programa ha sido un fracaso en el inmediato pasado y poco o nada ha contribuido a resolver los problemas de los caleños que viven en las comunas y corregimientos más pobres de la ciudad.
Es curioso que el alcalde en su reportaje únicamente haga referencia a la situación que padecen los ríos Cali, Pance y Meléndez y no haga ninguna mención del Río Cauca ligado con los problemas que afronta el jarillón, además de todos aquellos asuntos relacionados con el acueducto que abastece de agua a mas de 700.000 personas del sur occidente de la ciudad, afectadas con los cortes y suspensión del servicio debido a diversos factores, amén de la necesidad de definir la construcción de un nuevo acueducto para atender el crecimiento demográfico de la población, proyecto éste consignado en el recién firmado documentos CONPES sobre EMCALI, que desde luego no se sabe como será financiado ni acometido por la empresa.
No sobra agregar que el programa Cali 24 horas en el cual está empeñado el alcalde, puede traer como consecuencia que grandes zonas de la ciudad se conviertan en centros de diversión y de servicios a tono con los cambios de uso del suelo que de tiempo atrás se autorizaron con el POT generando desarrollos urbanísticos espontáneos e inconvenientes en materia de convivencia social y en algunos casos actitudes arbitrarias de varios funcionarios que han otorgado permisos contrariando el querer y sentir de la población en barrios que otrora fueron residenciales y tranquilos como Granada, San Antonio, Peñón, etc.
Lo más inconveniente para la ciudad es que al frente de la misma se encuentren líderes y dirigentes políticos que a pesar de su capacidad de trabajo y buenas intenciones en la solución de los problemas y la atención de las necesidades e intereses comunes de los ciudadanos, no pasen de los pronósticos, cifras y estadísticas ni tampoco planteen propuestas y alternativas encaminadas a erradicar sus causas y no simplemente a remover los efectos nocivos para la comunidad.
Continuará la próxima semana con la parte final.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social