Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque la política goza de una relativa autonomía y puede influir en el desarrollo económico acelerándolo o retardándolo aquella no es capaz de subsistir sin experimentar la influencia de aquel, lo cual a su vez depende del carácter de clase de la sociedad, las relaciones económicas y las formas de propiedad en que se asienta determinado modelo económico.
Tal es la dialéctica que tiene lugar entre la política y el desarrollo económico en cualquier tipo de sociedad o país del actual mundo globalizado.
En este caso se trata de la correlación entre la política de paz y el desarrollo económico del país, cuyos índices resultan cada vez más preocupantes en la medida en que el modelo neoliberal de economía extractiva y de libre mercado capitalista, apenas sí crece a un ritmo del 2% cercano a la meta de crecimiento de la población, en tanto se incrementan los precios de las importaciones, y se reducen las exportaciones, generándose con ello un gran déficit en la cuenta corriente relacionada con la compra y venta de productos, bienes y servicios cercano al 6% del PIB, afectándose de esta manera los precios de la producción doméstica y elevando la inflación a un 8% en lo corrido del año, que el banco de la República en su afán por controlar dicho fenómeno ha tomado la decisión de aumentar las tasas de interés, afectando sustancialmente el crédito en favor de los pequeños y medianos productores y comerciantes.
En medio de este panorama desolador la industria, la agricultura, la minería, la construcción de infraestructura y de viviendas, que representan casi la mitad de la producción social se ven reducidas y estancadas respecto del año anterior con excepción de algunas actividades relacionadas con la prestación de ciertos servicios, circunstancia ésta que viene aparejada con la disminución del empleo en todos los sectores de la producción.
A todo lo anterior se suma el déficit fiscal del gobierno Santos del 3.9% del PIB a punto de incumplir con la denominada regla fiscal que busca equilibrar los gastos y los ingresos del Estado frente al cual las firmas calificadoras de riesgos Ficht y Moody´s han puesto las alarmas respecto del deterioro de la economía nacional, lo cual podría significar una reducción de la inversión y un mayor endeudamiento del Estado colombiano.
La pregunta que cabe hacerse es sí en estas condiciones el gobierno del presidente Santos podrá contar con los recursos económicos y financieros para implementar con seguridad los acuerdos de paz de La Habana (Cuba) toda vez que a la fecha las perspectivas de poner a tono el crecimiento y desarrollo de la economía con las políticas públicas de paz, no parecen concordar ni estar a la altura de las circunstancias, lo que sin lugar a dudas generará un ambiente de incertidumbre y desconfianza, particularmente en tratándose de la solución de los problemas de las víctimas del conflicto y de la población desplazada por la violencia.
Las fuerzas políticas, sociales y regionales de carácter democrático y progresista tienen el deber moral y político de exigir al gobierno del presidente Santos un replanteamiento del modelo económico y social a partir de la necesidad de impulsar la reestructuración de la inversión pública, la industrialización y el desarrollo de la agricultura, la reducción de las tasas de interés, la distribución equitativa de las tierras a los campesinos desplazados, etc., entre otros aspectos, ligados estrechamente con los acuerdos de La Habana, encaminados a incrementar la producción de bienes y servicios con destino a la satisfacción prioritaria de las necesidades y demandas del pueblo colombiano y del desarrollo económico a través de la exportación de excedentes en lo que algunos economistas consideran posible de convenir de manera armónica y proporcional desde el punto de vista del desarrollo integral y planificado de la economía.
Finalmente debe decirse que sin lograrse dichos propósitos la política de paz no pasará de ser más que una posibilidad formal desligada de la realidad económica, política y social.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
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